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jorge murcia
Jueves, 26 de enero 2023, 01:43
Desde que el pasado 1 de enero tomara efecto el final de la bonificación de los 20 céntimos en las gasolineras -los descuentos continúan, pero sólo para ciertos sectores profesionales- ha elevado otra vez el precio de los combustibles. Y no parece que a corto plazo la tendencia vaya a cambiar. Todo lo contrario. Especialmente en lo que se refiere al gasóleo, que a día de hoy sigue siendo el carburante más utilizado en España.
Los principales ejecutivos de las dos grandes petroleras españolas, Repsol y Cepsa, advierten de que el precio de los combustibles, especialmente el del gasóil, puede experimentar un importante incremento a partir del próximo 5 de febrero. Ese día entra en vigor la prohibición de importar derivados del petróleo desde Rusia, entre los que se encuentra el diésel.
Así se lo hicieron saber recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publica 'El Mundo'. En ese encuentro Josu Jon Imaz (Repsol) y Maarten Wetselaar (Cepsa) trasladaron al presidente su acuerdo con las sanciones internacionales a Rusia por su invasión de Ucrania.
Sin embargo, advirtieron de que las represalias pueden introducir un alto grado de volatilidad en la cotización internacional del gasóleo, que en buena medida procede del país presidido por Putin. Y en estos casos volatilidad suele ser sinónimo de encarecimiento.
Las sanciones contra el petróleo ruso se vienen aplicando de forma gradual desde el pasado junio. Ese mes la Unión Europea acordó prohibir la compra de crudo en diciembre, mientras que se dejaba para el 5 de febrero el veto a los productos derivados del petróleo, como el gasóil.
El embargo afectará aproximadamente al 90% de importaciones europeas de crudo ruso, lo que según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supone unos 100 millones de toneladas (730 millones de barriles) anuales.
Según la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), estas sanciones «podrían tener impacto en los precios que marque el surtidor», pero en ningún caso afectará a la seguridad de suministro.
La patronal de las petroleras que operan en España advierte además sobre las consecuencias del gravamen temporal energético promovido por el Gobierno y aprobado el pasado 21 de diciembre en el Senado.
El impuesto, incluido en el mismo paquete que el gravamen a la banca y que entró en vigor el día 1 de enero, supone aplicar un 1,2% sobre e importe neto de la cifra de negocios anual de las empresas del sector con facturaciones anuales superiores a los 1.000 millones de euros.
La AOP considera que este gravamen «penaliza al sector del refino y es incongruente con su política (la del Gobierno), al no favorecer la transición energética». Además, «desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector».
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