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La semana pasada asistimos a las primeras declaraciones disonantes entre dos miembros del muy numeroso Gobierno de nuestro país. Me refiero a las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta económica, Calviño, y a las realizadas, casi en el mismo momento, por la titular del Ministerio ... de Trabajo respecto a los planes del Ejecutivo en materia laboral. La primera planteó una reforma de los aspectos «más lesivos o abusivos» de la llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en el 2012, pero no habló de su derogación completa a la que sí se refirió la Sra. Díaz. Se trata de dos puntos de vista bastante distantes. Para ahondar más en el despiste, las declaraciones del propio presidente del Gobierno esta misma semana recogían una combinación de ambas, en concreto «una derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral» ¿?
Pues bien, esa diferente perspectiva coloca al mundo empresarial, sobre todo al de las pymes, ante una tesitura francamente complicada a la hora de gestionar sus plantillas. Y ello porque la incertidumbre sobre lo que está por llegar paraliza las contrataciones e incluso puede provocar el aumento de despidos ante la perspectiva de un endurecimiento de las condiciones económicas de los mismos. Además, esto ocurre en un momento en que los datos reales nos indican que la creación de empleo se ha frenado. Durante 2019 se han producido 384.000 afiliaciones a la Seguridad Social, un 32% menos que en el 2018. El momento no parece por tanto muy oportuno.
Recordemos que la reforma laboral del 2012 se realizó tras un periodo 2007-2011 en el que el número de parados subió de 2 a 5 millones y las personas con trabajo pasaron de 20 a 17 millones. Al mismo tiempo, los salarios de las personas que estábamos en activo se revalorizaban como media un 3% anual, porcentaje que se me antoja relevante ante esa sangría de empleos. El motivo de que el ajuste se realizase en la cantidad de empleo en lugar de por la vía de la moderación salarial hay que buscarlo en la rigidez de los convenios colectivos. Ante esa realidad, el primer objetivo que buscó la reforma del 2012 fue incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo y podemos decir que, vistos los resultados, ha sido su principal logro. En concreto, y según datos aportados por un estudio realizado por BBVA Research, la citada regulación hubiera evitado la destrucción de dos millones de empleos.
Otro aspecto relevante al que ha contribuido la reforma es a un cambio estructural en los umbrales de crecimiento de la economía necesarios para crear empleo. Así, el servicio de estudios del Banco de España sostiene que nuestro país, a diferencia de lo que ocurría en otros ciclos, ahora es capaz de mejorar sus niveles de empleo con tasas de crecimiento inferiores al 1% . Sin duda, una magnífica noticia
Es innegable que, como dice Calviño, hay aspectos mejorables como la excesiva precariedad o el nivel de temporalidad. Y sobre todo la cantidad absoluta de parados, que alcanza un porcentaje de casi el 14%. Pero eso no significa que la reforma requiera su derogación. Mejorar y adaptarse a las nuevas actividades empresariales que están emergiendo, y sobre todo a las nuevas formas de trabajo, es una obligación; pero lo que se escucha desde ciertos estamentos políticos es un retroceso al mundo laboral del siglo XX , algo muy lejos de las necesidades actuales de nuestra sociedad.
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