La pasada semana se rompían las negociaciones del Pacto de Toledo tras más de dos años de trabajo, y el motivo no es otro que la convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de abril. Suena a irresponsabilidad por parte de los participantes ... políticos y a dos años desperdiciados, como mínimo, si tenemos en cuenta que el primer acuerdo se firmó el siglo pasado, allá por 1995... Y todavía estamos lejos de una solución estructural.

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El mandato fundacional del citado Pacto fue sacar el tema de las pensiones del debate político y electoral en aras de consensuar unos mínimos entre los participantes de esa mesa. Pues bien, cuando se estaba cerca de un nuevo avance se ha dado prioridad a tirarse los trastos a la cabeza antes que alcanzar algún nuevo acuerdo. Recordemos también que el objetivo de este Pacto era elaborar recomendaciones que sirvieran de base a la reforma del sistema y así conseguir equilibrar el previsible déficit en el que ya está inmersa la Seguridad Social. Nada más y nada menos que 19.000 millones el pasado año, alcanzando un déficit acumulado de 103.000 milllones en el periodo 2011-2018.

Es obvio y muy manido que nuestra estructura de pensiones necesita una reforma porque las bases de la misma están absolutamente alteradas, Nuestro sistema es de reparto; dicho de forma muy coloquial, los que trabajamos pagamos las pensiones a los retirados. Las cuentas no salen, nos guste o no. Y ello por una buena noticia, como es que cada vez somos más longevos y el cociente entre años de vida laboral sobre años de vida de jubilación es menor. Las salidas que podremos dar en el futuro a esta compleja situación seguro que van a suponer cambios en la forma de enfocar el papel del Estado en esa etapa de la vida, y cuanto antes seamos conscientes de ello antes podremos plantear soluciones particulares.

En concreto, este último año el Gobierno a golpe de decreto ha subido un 7% las bases máximas de cotización y las mínimas al incrementar el salario mínimo, además de indexar las pensiones al IPC. Todo parches que no atacan el problema de raíz, sino que incluso han anulado decisiones pertinentes del pasado como la del índice de revalorización del 2013 o introducido nuevas y sorprendentes ideas como la de la jubilación forzosa, ahora que tanto se habla de no discriminación en el mundo laboral. ¿Pero no lo es esta medida?

Volviendo a cómo encarar esta reforma si tan difícil es ponernos de acuerdo, yo sugeriría copiar a países de nuestro entorno que hayan sufrido problemas similares. Un buen ejemplo es el caso de Suecia, donde en el año 91 comenzaron a atacar el problema y en 2001 arrancó la reforma. Se trata de un sistema mixto en el que se mezclan reparto y capitalización con dos bases de partida: sostenibilidad y transparencia.

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Simplificando mucho, consiste en que cada trabajador tiene una cuenta ficticia (nocional) en la que se anotan las cotizaciones que realiza él y la empresa y que conoce anualmente. En el momento de jubilarse, su pensión depende del saldo acumulado en esa cuenta y de su esperanza de vida. Además, existe otro nivel de pensión obligatorio que supone detraer de la nómina actual para aportarlo a un fondo de pensiones privado. Y por último, otra aportación destinada a trabajadores cuyos derechos acumulados no son suficientes y, por tanto, necesitan de la aportación del Estado vía impuestos. Como puede ver, es un sistema relativamente sencillo y, sobre todo, cada persona conoce en todo momento lo que ha aportado y a lo que tiene derecho si decide jubilarse. Sin trampa ni cartón.

Nuestras medidas no van por buen camino, y a las pruebas me remito. Acumulan deuda, distorsionan el mercado de trabajo y encima están desperdiciando un precioso tiempo de bonanza, un lujo que no nos podemos permitir. Lanzar la pelota adelante, desde luego, no es la solución.

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