Guía para entender como quedarán las pensiones en 2021

Tras cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias, el pleno del Congreso adoptó la semanada las recomendaciones acordadas por el Pacto de Toledo que deberán guiar las próximas reformas del sistema público de pensiones y que el Gobierno pretende acometer a partir del año próximo. En resumen, el documento apuesta por actualizar las pensiones con el IPC real y avanzar en la separación de fuentes de financiación del sistema, con el compromiso de sanear las cuentas antes del 2023. Además, apuesta por acercar la edad efectiva de jubilación a la real, escoger los mejores años de cotización para el cálculo de la pensión y por que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

El Pacto apuesta por asegurar la sostenibilidad del sistema, algo que pasa por acabar con el déficit de la Seguridad Social. Incluso se anima a dar una fecha; ha de lograrse antes del año 2023. Para conseguirlo aboga por que las cotizaciones sean destinadas exclusivamente a pagar las prestaciones contributivas y que las no contributivas (los llamados gastos impropios) se cubran con aportaciones del Estado a través de los Presupuestos Generales.

La comisión constata que el vigente mecanismo de revalorización (con subidas mínimas del 0,25%) «no goza del suficiente consenso político y social» por lo que aboga por que la revalorización se realice según el IPC y por que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas se garantice «por Ley» y se «preserve mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro»

El Pacto de Toledo muestra su «preocupación» ante la reducción del Fondo de Reserva, en el que apenas quedan menos de 2.000 millones. La comisión considera que una vez se consiga el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, hay que «retomar la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva «y que la disposición de sus activos debe ajustarse estrictamente al pago de prestaciones de naturaleza contributiva». Además, se apuesta por «establecer un remanente mínimo».

Se aboga por la convergencia de los diferentes regímenes hasta reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, por lo que también se pide que se trabaje para lograr la equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general. También aboga por aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

Se mantienen tanto los 15 años de cotización mínima para tener derecho a una pensión pública como los 25 que sirven de referencia para calcular esa prestación. La novedad radica en abrir la posibilidad de elegir qué años son los que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo. Es decir, no tendrían por qué ser necesariamente los últimos 25, con lo que se puede evitar que si durante este período final de la vida activa se dieran lagunas de cotización éstas mermen el importe de la pensión.

El documento aboga por fomentar medidas de contratación laboral en especial para parados de larga duración, jóvenes y trabajadores con más de 55 años, así como por priorizar la selección de colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.

La comisión insiste en que el Gobierno dé cumplimiento artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social y, por tanto, informe de forma periódica e individualizada a cada ciudadano sobre sus futuros derechos de pensión. Es decir, que se nos informe de cuánto cobraremos si nuestras circunstancias no cambian hasta que nos retiremos.

Para mejorar la gestión del sistema, se pide la creación de una agencia de la Seguridad Social que integre las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía. También pide que se refuerce la plantilla dado el «desmesurado número de plazas que han ido quedando vacantes durante las últimas décadas».

Considera necesario completar el proceso de «modernización y transparencia en el funcionamiento» de las mutuas. También se propone dotarlas de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos, compatible con un estricto control por parte de la Seguridad Social.

Insiste en la necesidad de luchar contra el fraude, por lo que se propone que todas las administraciones puedan cruzar sus datos con la Seguridad Social y que se refuercen tanto la inspección como las sanciones. También se hace mención a la necesidad de controlar prácticas fomentadas por la digitalización de la economía como los falsos autónomos y la infracotización.

Actualmente, un tercio de las prestaciones por jubilación apenas llega a los 750 euros al mes. También insta a trabajar en reducir la brecha de género. En ambos casos, cualquier modificación debería ser financiada a través del Presupuesto.

Hacer lo posible para que la edad real de jubilación (por encima de los 64 años en estos momentos) se aproxime a la legal (65 años y 10 meses en 2020 y 67 años en 2027). Además se pide medidas para la «prolongación voluntaria» de la vida laboral compatibilizando la pensión y los ingresos de una actividad profesional. Al mismo tiempo apunta que la jubilación anticipada debe quedar «reservada» a trabajadores con largas carreras de cotización, para evitar que se utilice como vía para regular el empleo. También se insta a analizar el daño que provoca la penalización por jubilarse anticipadamente (recortes de hasta el 28%) y modificarlos con tres criterios: si esa jubilación es voluntaria o forzada; si tiene muchos años cotizados; y dependiendo del sector en que se produzca.

Ajustarlas a los cambios sociales (la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral) para «adecuar» la prestación de los colectivos con derecho a una pensión de viudedad pero menos vulnerables para mejorar la de los pensionistas sin otros recursos, sobre todo a partir de los 65. En cuanto pensiones a la orfandad, el Pacto de Toledo pide mejorar sus cuantías.

Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario.

Establece referencias como la tasa de sustitución (la pensión sobre el salario del trabajador) «como garantía de la dignidad de la persona». Además, recuerda que los complementos a mínimos de pensiones deben ser asumidos a través de impuestos, vía Presupuestos Generales, y no por cotizaciones sociales.

Aboga por fomentar esta alternativa de ahorro «complementaria al sistema». Lo hace ante el «insuficiente e insatisfactorio» recorrido que han tenido estos planes privados hasta ahora. En cuanto a los planes de pensión individuales insta a que sean «más transparentes» en costes para que no impliquen rendimientos negativos para el partícipe.

Aboga por adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres. En concreto, se reclaman «reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios» con los trabajadores a tiempo parcial, normalmente mujeres. En el caso de los jóvenes, pide la mejora de las condiciones laborales para los jóvenes.

Se propone la intensificación de las medidas que favorezcan su acceso al empleo. En particular, se propone la compatibilidad de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

Se pide la creación de mecanismos que garanticen su incorporación al mercado de trabajo. Para ello, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema

Se recomienda «intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social», así como que, transcurridos al menos cinco años, el Congreso de los Diputados realice una revisión general y una evaluación de las recomendaciones.