No hay ofertas por La Naval

El esquema es de sobra conocido. La Naval quebró, devorada por sus pérdidas, cuando alcanzó ese punto de tesorería ínfima que impide pagar las nóminas y a los proveedores. Nadie quería prestar más dinero a la empresa ni asumir riesgos adicionales y el castillo de naipes se vino abajo. El procedimiento establecido para estos casos es una liquidación, que en primer lugar intenta una venta como «unidad de negocio»: instalaciones, tecnología, etc. Si esa fase falla no queda otro remedio que pasar al Plan B, que es una venta por piezas, en la que ya nadie garantiza que la empresa pueda seguir manteniendo una actividad industrial.

Quienes están entre las bambalinas de este proceso aseguran que hay «empresas interesadas» en adquirir el astillero, que algunas de ellas son «importantes y solventes», pero también coinciden en que nadie quiere asumir más riesgos de los necesarios. ¿A qué se refieren? Pues principalmente a la inseguridad que existe en torno a la plantilla. A los 178 trabajadores que formaban parte de la nómina fija de la empresa. Fueron despedidos por una decisión del juzgado mercantil que es el encargado de supervisar la quiebra y la liquidación, pero los sindicatos CAT, ELA, CC OO y LAB -todos los que tenían alguna representación en el astillero, menos UGT- decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial. Y hasta que éste órgano se pronuncie y determine si el despido es firme ninguna empresa está dispuesta a pillarse los dedos. Las cosas como son. Al parecer, todos prefieren comprar el astillero limpio de plantilla, para decidir a posteriori a quién contratar y en qué condiciones. En el caso de que la Audiencia estimase que el proceso de despido no fue correcto, al menos formalmente los trabajadores seguirían perteneciendo a La Naval -donde no queda dinero para pagarles-, lo que obligaría a iniciar de nuevo los trámites para la extinción de los contratos. Más meses de dilación. Y van.....

El tiempo y lo sucedido han acabado por darle la razón a la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, quien ya advirtió que los trabajadores tenían derecho a ese recurso judicial, pero que las consecuencias podían ser nefastas para la recuperación de la actividad en el astillero.