La Naval divide al Tribunal Superior de Justicia

Vayamos con los antecedentes. La empresa entró en quiebra. No había dinero para mantener la actividad, ningún banco quería ampliar sus líneas de crédito y ningún inversor estaba dispuesto a invertir fondos y asumir la propiedad. De forma paralela se inició la fase de liquidación -una especie de subasta pública para buscar ofertas de inversores que quieran quedarse con sus activos-, al tiempo que un juzgado de lo mercantil ordenó, el pasado mes de febrero, el despido de los 173 empleados de la firma. Tres sindicatos, ELA, CAT y CC OO, recurrieron esta decisión al argumentar que habían existido defectos formales en el ERE de extinción. El fallo debe ser emitido por el Tribunal Superior.

Los magistrados asignados al caso se han reunido esta pasada semana para deliberar en torno a la sentencia. Esto es, para poner en común la visión que tenía cada uno sobre el proceso, sus matices legales y decidir el sentido del fallo, lo que supone dar vía libre a uno de ellos, al que actúa como ponente, para redactar la sentencia. Poco se sabe sobre lo sucedido, pero algo sí. El Tribunal ha comunicado a las partes personadas en el proceso que se ha tomado la decisión de cambiar de ponente tras la deliberación. Un mensaje que, decodificado por los expertos en la materia procesal, da a entender que se ha producido una diferencia de criterios sustancial entre los magistrados y que, cosas del destino, la postura que defendía el ponente ha quedado en minoría y ha sido derrotada. En esas circunstancias, apuntan fuentes conocedoras de los entresijos judiciales, suele tomarse esta decisión de cambio para no obligar al redactor de la sentencia a escribir un texto con el que no está de acuerdo.

La publicación de la sentencia se esperaba para los primeros días de octubre pero este incidente, añaden las mismas fuentes, puede hacer que se retrase algunos días más. Y la dilación en el procedimiento concursal de La Naval comienza a ser un elemento negativo y de mucho peso. El astillero lleva parado desde finales de 2017 y todo apunta a que el administrador concursal va a pedir una nueva prórroga para el periodo de ofertas -sería la segunda-, que finalizaba mañana. ¿Por qué? Porque no se ha presentado ninguna, ya que nadie quiere hacerlo antes de que esté definitivamente cerrado el capítulo de la plantilla y se sepa que La Naval ya no tiene lazo legal alguno con sus antiguos trabajadores.

El asunto comienza a ponerse delicado y cada día que pasa se aleja la posibilidad de que algún empresario presente una oferta para retomar la actividad del astillero. Si el juzgado de lo mercantil decidiese en algún momento pasar al 'plan B', esa posibilidad quedaría sería aún más difícil. Ese 'plan B' contempla la liquidación por piezas. Esto es, una grúa por una parte, un ordenador por otra, los terrenos por su lado y así hasta que no quede nada de valor en las instalaciones.