El orden económico mundial que conocíamos hasta el momento ha sido trastocado por la necesidad de hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. Si hace unos meses nos referíamos a problemas de proteccionismo cuando aludíamos a la guerra comercial entre USA y ... China, ahora es la propia Europa, encabezada por la Comisión Europea, quien está abanderando la modificación del marco temporal de ayudas públicas para facilitar el aterrizaje del Estado en el capital de empresas en riesgo de insolvencia. Dicho de otra forma, nacionalizaciones temporales de compañías en serios aprietos de supervivencia. Como ve, un giro de ciento ochenta grados en los principios de competencia y libre comercio que han regido la Unión Europea desde su creación. Sorprendente sí, pero absolutamente necesario.
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Así, Bruselas ha ido modificando el alcance de la norma desde el mes de marzo a medida que la situación ha empeorado. Lo que empezó con la intención de garantizar la liquidez a las empresas se ha convertido, en sus últimas redacciones, en un intento de preservar el tejido industrial denominado como emblemático. Se trata de diseñar un marco donde se dé cabida a operaciones como la realizada por Alemania para salvar a Adidas o a las decisiones de Italia sobre su aerolinea Alitalia.
En el caso de España existen varios sectores muy afectados que necesitarían este tipo de apoyo. Lo que no esta tan claro es el músculo financiero que tiene nuestro país para llevar a cabo estas actuaciones por sí mismo.
La recapitalización publica diseñada en el aun borrador que está negociando la Comisión, establece una serie de condiciones e impone como requisito como requisito inicial que sea la última opción que tiene la empresa para financiarse en el mercado. De la misma manera fija un umbral de notificación de cien millones de euros para que sea verificada y autorizada e impone medidas para limitar el monto de las ayudas únicamente al daño provocado por la epidemia.
Y lo que es más importante, se refiere explícitamente a que se trata de medidas temporales. Para ello determina una serie de plazos de reprivatización y remuneraciones ¨in crescendo¨ para los Estados, de tal manera que se desincentiva la pervivencia de esas formas de financiación sin fecha de termino. En definitiva, trata de que sea la propia compañía la que busque la salida de la intervención pública por la vía de una exigente remuneración.
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El impacto negativo de la pandemia en la economía va a ser de tal calibre que actuaciones que en febrero hubieran sido implanteables ahora están siendo debatidas por los diferentes gobiernos con total naturalidad. Es evidente que la situación obliga a adoptar medidas extraordinarias, pero estas no deberían afectar al fundamento básico del libre mercado a medio plazo. La condición necesaria por tanto es que existan unas normas claras y uniformes que respondan a una necesidad temporal. La gran pregunta es si esto será suficiente para lograr el objetivo de preservar nuestro tejido industrial y más aun nuestro sistema económico.
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