Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Pilar Aranguren y Amaia Núñez
Jueves, 1 de febrero 2024, 07:19
Las inspecciones que está realizando la Seguridad Social en los mercados tradicionales de Euskadi, la última a mediados de noviembre en la feria de Tolosa, para controlar a los jubilados que siguen vendiendo sus productos está derivando en multas de hasta 6.000 euros e ... incluso la retirada de dos meses de pensión.
Según ha podido saber este periódico de fuentes de los propios afectados, así como de la asociación agroganadera Enba, la Inspección de la Seguridad Social ha impuesto al menos una docena de multas a baserritarras que estando jubilados continuaban acudiendo a las ferias a vender los productos de sus huertas sin estar dados de alta a la Seguridad Social.
Y es que la pensión de jubilación no es compatible con una actividad complementaria salvo que se opte por la jubilación activa. Esta modalidad permite percibir la mitad de la prestación y continuar con la venta de los productos del caserío pero cotizando por la parte correspondiente.
Una opción que la mayoría de los baserritarras descartan una vez llegados a la jubilación porque no les sale a cuenta. Según explicaba el secretario general de Enba, Xabier Iraola, a este periódico nada más conocerse las inspecciones hace una semana, «la ley es clara, pero hasta ahora se interpretaba que si con la actividad complementaria se lograban ingresos que estaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional se podía compatibilizar ambas cosas».
Una especie de ley tácita que ha saltado por los aires tras las últimas inspecciones de la Seguridad Social, lo que ha dejado descolocados a muchos baserritarras que se han visto sorprendidos por estos controles. Una medida que ha generado preocupación en el sector y que algunos baserritarras hayan optado por dejar de vender sus productos en las ferias tradicionales, después de que Enba enviara una circular a sus asociados advirtiendo de la situación.
Desde el sindicato EHNE señalan que las inspecciones no son nuevas, que el año pasado se realizaron unas cuantas, aunque la efectuada en noviembre en Tolosa ha tenido más repercusión, lo que ha provocado que se extienda el miedo en el sector a posibles sanciones y retirada de parte de la pensión. Añaden que la problemática tiene varias vertientes. Por un lado, la necesidad de muchos baserritarras jubilados de tener que complementar su pensión porque la prestación que perciben es muy baja como consecuencia de haber cotizado por la base mínima. A ello se une el hecho de que no hay un relevo generacional suficiente que garantice la continuidad de esas producciones, lo que hace que en muchas ocasiones los hijos u otros familiares ayuden en las tareas y también en la venta de esos productos en las ferias.
«Pero la legislación laboral exige que estos cuenten con un contrato laboral, con lo que el baserritarra tendría que cotizar por ellos, lo que en la mayoría de los casos resulta inviable por oneroso», explican desde Enba. No obstante, en algún caso están optando por que un familiar se dé de alta como autónomo. Otro aspecto clave es que estos baserritarras se quedan sin poder dar salida a los productos de sus huertas, lo que les obligará en muchos casos a tener que abandonar esa producción y dejar a los mercados sin unos productos que son de kilómetro cero y por los que tanto se está apostando desde las instituciones.
Finalmente, ambas asociaciones agroganaderas recuerdan que hay otra vertiente, no menos importante, como es la social. Y es que muchos de estos baserritarras llevan prácticamente toda su vida yendo a la feria a vender sus productos y para algunos se ha convertido en un acto social.
Desde EHNE indican, al igual que señala Enba, que hasta ahora «se ha dejado hacer a los baserritarras que estaban jubilados, pero a los nuevos se les ha ido exigiendo que tengan todo en regla», por lo que pide una ley de transición. Apunta que esa parte corresponde a los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia respecto a los puestos de las ferias, aunque poco pueden hacer respecto a las inspecciones que se están realizando, ya que la Seguridad Social depende del Ministerio correspondiente en Madrid.
Enba apunta en la misma línea a la hora de sugerir una solución. «Tiene que venir de Madrid o de un acuerdo entre el Gobierno vasco y el Estatal». Al respecto, considera que la Ley de la Agricultura Familiar que pretende aprobar el Ejecutivo central este año podría contemplar esta particularidad, así como alguna otra, por ejemplo la figura de ayuda familiar. Con todo, reclama una moratoria en la aplicación de la ley para los baserritarras jubilados que llevan años acudiendo a las ferias.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.