La edad y las condiciones para jubilarse cambian cada año, conforme a un calendario fijado por las distintas reformas de las pensiones aprobadas desde 2011. En 2024 la edad legal de jubilación será de 66 años y 6 meses cuando se haya cotizado menos de 38 años. Si se llega a esa cifra o se supera, un trabajador podrá retirarse con 65 años de edad.
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Lógicamente, existe la posibilidad de jubilarse antes de la edad legal correspondiente, ya sea de forma voluntaria o forzosa. En esta segunda modalidad, denominada jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, un trabajador podría retirarse al cumplir una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la exigida en cada caso.
Pese a que la jubilación forzosa sólo exige un periodo mínimo de cotización de 33 años, un trabajador que en 2024 quiera jubilarse con 61 años tiene que cumplir los requisitos exigidos para poder retirarse a los 65. Es decir, haber cotizado un mínimo de 38 años.
Se entiende por jubilación forzosa cuando el cese del trabajo se produce como consecuencia de un despido colectivo (ya sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por razones objetivas); la extinción del contrato por resolución judicial; la muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual; por motivos de fuerza mayor constatadas por la autoridad laboral; o por voluntad de la trabajadora víctima de la violencia de género.
Si la jubilación es voluntaria, la edad exigida sólo puede ser dos años inferior, como máximo, a la que corresponde legalmente. Además, se requiere haber cotizado durante al menos 35 años, dos más que en la modalidad de jubilación forzosa.
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En cualquiera de los dos casos, hay que tener en cuenta que en la jubilación anticipada el trabajador sufrirá una merma de su pensión al aplicarse los coeficientes reductores: cuanta mayor sea la antelación, más baja será la prestación que le quede.
Esos coeficientes se modificaron el pasado año, tras la aprobación de la primera pata de la reforma de las pensiones. Desde ese momento son mensuales y se aplican sobre la pensión calculada. Anteriormente eran trimestrales, y se calculan sobre la base reguladora.
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Una vez aplicados los coeficientes, la cuantía de la pensión no podrá superior de aquella que resulte de reducir el tope máximo de la pensión (este año es de 3.058,81 euros mensuales) en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación en el retiro.
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