La liberalización del sector eléctrico: dos décadas de luces y sombras

Jorge Murcia

Domingo, 9 de diciembre 2018 | Actualizado 10/12/2018 10:08h.

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Hace 20 años se completaba el proceso de liberalización del sector eléctrico en España, que había arrancado un año antes por imperativo de las autoridades europeas con la aprobación de una ley 'ad hoc'. Bruselas exigía introducir competencia en una actividad económica estratégica que hasta entonces había permanecido fuertemente intervenida por el Estado. En estas dos décadas se ha aumentado considerablemente la capacidad de elección del consumidor de electricidad, que dispone de un mayor número de ofertas y servicios de valor añadido. El sistema ha ganado además en innovación y eficiencia, y se ha logrado una mayor transparencia en la fijación de precios.

Sin embargo ha faltado estabilidad en el marco legislativo, y la competencia en el mercado mayorista -piedra angular de la liberalización- ha resultado ser mucho menor de la pretendida, y como consecuencia de ello no se traducido en un abaratamiento de la factura que pagan los consumidores. Este es, a grandes rasgos, el resumen que de estas dos décadas hacen expertos consultados por EL CORREO.

Hasta ese 1998, el marco legal estable del ministerio de Industria determinaba cuánta y de qué tipo era la energía que se iba a consumir al año siguiente. De su generación se encargaban las compañías eléctricas, que por aquel entonces conformaban un gran cosmos de empresas de generación, distribución y transporte. Conforme a la planificación del Gobierno de turno se determinaban los precios de unas tarifas denominadas integrales, y que recogían los costes de esos tres subsectores eléctricos.

La liberalización alumbró el mercado mayorista o 'pool', donde las empresas tenían que vender y comprar la energía en cada hora de los 365 días del año, y con un sistema de precios marginalista. Como muchas centrales eléctricas aseguraban que el nuevo sistema no les iba a permitir recuperar sus costes fijos de inversión, el Gobierno incentivó a las compañías con los llamados Costes de Transición a la Competencia: supuso una inyección de casi un billón de las antiguas pesetas que aún hoy sigue siendo objeto de controversia.

El actual marco del sector, nacido de aquella apertura, ha derivado en que «el consumidor tiene ahora más alternativas. Hay muchos más agentes y más opciones», destacan fuentes de Aelec, la asociación de empresas de energía eléctrica, heredera de la ya extinta Unesa. «Ha supuesto un cambio en su manera de relacionarse con el suministrador. Antes era el mismo por defecto y ahora puede escoger el que mejor se adapte a sus necesidades. Esto implica tener un conocimiento más específico del producto, algo que no siempre se ha conseguido», reconocen las mismas fuentes.

También ha servido para «incentivar una mayor eficiencia de costes de las compañías eléctricas, que nos ha llevado a tener uno de los sectores más eficientes de Europa», en opinión de Alberto Martín, socio responsable del sector Energía y Recursos Naturales de KPMG. Y la introducción de competencia en muchas de las actividades de la cadena de suministro redunda en una mejor utilización de los recursos disponibles», añade Jorge Fernández, investigador y coordinador de energía del Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra.

No obstante, los expertos coinciden en señalar que la liberalización del sector ha resultado ser «incompleta». Entre otras razones, «porque hay muy poca competencia en el mercado mayorista. Ten en cuenta que entre tres empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa) manejan más del 80% de la energía que se cierra en el mercado todos los días», apunta Ramón López, gerente del Grupo ASE, asesor energético para empresas. «Y esas mismas empresas se integran verticalmente: tienen actividades de distribución y comercialización que concentran un área geográfica enorme. Y si hablamos del mercado final del consumidor, entre las tres acaparan más del 90% de los consumidores, que somos 29 millones».

Como consecuencia de ello, el proceso de liberalización «no está asociado necesariamente a precios más bajos de la energía eléctrica, sino a precios que se forman de manera más eficiente en función de las condiciones reales de oferta y demanda», añade Fernández. En su opinión, el principal punto débil del sector eléctrico en estas dos décadas «ha sido probablemente la falta de estabilidad del marco legislativo y normativo, muy fragmentado y sujeto a numerosas modificaciones por la vía urgente y sin una visión clara de conjunto o de largo plazo».

Además, la tarifa de acceso eléctrica se ha convertido en «un cajón de sastre en la que los distintos gobiernos han metido todo tipo de costes que han tenido que ver con la política energética», opina Ramón López. Incentivos a las renovables, moratoria nuclear, costes de llevar la energía a las islas... y la amortización del déficit eléctrico -consecuencia perniciosa de la decisión de congelar la parte regulada del recibo durante varios años- generó unos sobrecostes al consumidor «que aún soportamos, por valor de entre 9.000 y 10.000 millones de euros.

En Aelec creen además que «hay partes del diseño del mercado que están incompletas. Carecemos de señales para atraer inversión que garantice el suministro a largo plazo. Algo que sí es común en los países de nuestro alrededor». Como aspectos a mejorar, Alberto Martín cita «la potenciación de la contratación a largo plazo, la eliminación de recargos e impuestos que no existen en otros países, la extinción de la tarifa regulada, y un sistema de cargos y tarifas más objetivo».

Uno de los aspectos más destacados del cambio de modelo energético fue que el sector «es ahora más permeable a la variación de los precios de la energía, como el petróleo, el carbón y el gas. Cosa que dudo que se habría producido si el precio de la electricidad lo hubiera marcado el Estado», destaca Ramón.