¿Me conviene jubilarme antes de que termine el año o espero a 2022?

Esta incertidumbre sobrevuela cada día a cerca de 125.000 trabajadores que tienen 63 años o más y cuentan con una larga carrera laboral de al menos 40 años. Incluso a día de hoy hay más de medio millón de afiliados que, cumplidos los 60, tienen a sus espaldas 40 años cotizados, según se recoge en un informe sobre este tema que entregó Escrivá recientemente a la comisión del Pacto de Toledo. Esas cerca de 525.000 personas podrían decidir abandonar el mercado laboral antes de los 65 años, pero seguirán pagando un precio por ello.

Escrivá ha descartado eliminar los recortes para los que tengan largas carreras de cotización, una petición que reclaman organizaciones como Asjubi40 y UGT. Contra esto se manifestaron este sábado por las calles de Madrid decenas de pensionistas llegados de toda España, pidiendo que tengan más peso los años trabajados y menos la edad, y mostrando su oposición a la reforma. Y eso que con la nueva ley la pensión media de la jubilación anticipada voluntaria -que se sitúa en 1.670 euros- aumentará un 2,3% si los trabajadores deciden retrasar tres meses su retiro.

En la actualidad, de los casi 1,3 millones de pensionistas que tienen algún tipo de penalización, más de la mitad, 705.000, tenían 40 años de cotización o más. Incluso 811.000 trabajadores con más de 55 años ya acumulan esas largas carreras laborales. Si se suprimieran los coeficientes reductores para este colectivo, que sumaría ya más de 1,5 millones de personas, se incrementaría el gasto anual en pensiones en más de 2.700 millones de euros, lo que acarrearía un gasto futuro de más de 44.000 millones y «provocaría previsiblemente un crecimiento muy significativo de las jubilaciones anticipadas», según consta en dicho informe.

Y precisamente lo que Escrivá quiere frenar son las prejubilaciones ya que, a su juicio, es la medida más eficaz para contener el gasto en pensiones. Es por esto que con la nueva norma los coeficientes reductores se endurecen, aunque solo en unos meses determinados. Eso sí, el castigo será mucho mayor que ahora para quienes tienen la pensión topada, ya que saldrán siempre perdiendo al pasar a hacerse el recorte sobre la pensión real y no sobre la base reguladora.

Esta es una de las grandes modificaciones que entrarán en vigor cuando se apruebe la nueva norma. Otra es que los coeficientes pasan a ser mensuales en lugar de trimestrales. De esta forma, no hay que esperar tres meses para mejorar el coeficiente, cada mes se va logrando una mejora. Además, los coeficientes son sensiblemente inferiores a medida que se tienen más años cotizados. Concretamente, se establecen cuatro tablas de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas voluntarias: para aquellos que han cotizado menos de 38,5 años, que oscilan entre el 21% y el 3,6%; para quienes tienen carreras laborales de entre 38,5 y 41,5 años, cuyas penalizaciones van entre el 19% y el 3,11%; para los que han trabajado entre 41,5 y 44,5 años, con coeficientes entre el 17% y el 2,96%; y, por último, para quienes han cotizado más de 44,5 años, con un recorte que varía entre el 13% y el 2,81%, en función del mes en que decidan adelantar su retiro.

Desde el ministerio destacan que los coeficientes marcan una curva que incentiva el retraso de la edad de jubilación al menos en un año, cuando se alcanza el máximo beneficio respecto de la situación actual. Por el contrario, marcan unos máximos en los dos meses de mayor anticipo de la edad de jubilación para desincentivar esta opción. Es decir, se penaliza principalmente a quienes se prejubilan justo en el momento en que pueden, cuando cumplen 63 años, porque más del 75,5% de los jubilados anticipados voluntariamente lo hace a la primera edad posible, mientras que un 24% se retira a los 64 años y apenas un 0,47% a los 65.

Así, la propuesta en la jubilación anticipada es más exigente en los meses en los que con mayor frecuencia se accede a la jubilación, y mejora la situación actual en los demás casos aplicando coeficientes reductores de menor cuantía, tal y como se aprecia en los gráficos. De hecho, el nuevo diseño de los coeficientes reductores incrementa o mantiene la pensión de aquellos trabajadores que adelantan la jubilación entre 22 y 4 meses, la disminuye para los que la adelantan 23 o 24 meses si tienen menos de 44 años y 6 meses cotizados y para los que la adelantan tres meses o menos sea cual sea la duración de su vida laboral. Por tanto, si los trabajadores retrasan tres meses su jubilación no sólo mantienen sino que incrementan la cuantía de su pensión.

Pero esto es así para las pensiones medias o bajas, puesto que la nueva ley endurece mucho las condiciones de las más altas, las de quienes cotizan por las bases máximas, aunque su aplicación se retrasa a 2024 y se hará de forma gradual hasta 2033, cuando ya entre plenamente en vigor. Si ahora tienen un recorte del 4% si se retiran a los 63 años, en 2033 este castigo puede ascender al 21%, cinco veces más, ya que se hace sobre la cuantía que recibirán y no sobre la base de cotización. Por ello, son ellos los que realmente salen perdiendo siempre con la nueva norma, aunque se ha incluido como condición que nunca cobrarán menos que ahora, esto es, menos de 2.599 euros al mes si se jubilan dos años antes.

Así, mientras que la pensión media aumentará un 3,3% para los trabajadores que no tienen topada su pensión si deciden retrasar tres meses su jubilación, la prestación de los que sí cotizan por el máximo se reducirá un 2,6% incluso aunque se retiren tres meses más tarde, según los cálculos realizados por el ministerio en la memoria económica del proyecto de ley. Esta pérdida rozaría el 7% a partir de 2033 si no cambian su comportamiento y se jubilan a los 63 años.

¿Y para el sistema? ¿Esta medida es beneficiosa o, por el contrario, gravosa? Pues, paradójicamente, aunque se busca lograr la sostenibilidad, estos nuevos incentivos, lejos de hacerlo, incluso podrían suponer un gasto extra para la Seguridad Social. Así, si la decisión de los trabajadores es retrasar la jubilación, a partir de 2040 se produce un gasto que superaría los 436 millones anuales, según reconoce Escrivá en la memoria económica.