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Iratxe Bernal
Sábado, 21 de octubre 2023, 00:20
El industrial guipuzcoano José María Aristrain, absuelto el año pasado en el mayor juicio por fraude fiscal de la historia de España, ha vuelto a ganar una batalla a Hacienda. Esta vez, la Audiencia de Madrid no ha considerado suficientemente probado que 'el ... magnate del acero' comprara en 2012 una vivienda propiedad de una compañía de la que era administrador único para, según la Agencia Tributaria, eludir el pago del IVA de la reforma y evitar que fuera embargada como parte de la fianza establecida en la causa abierta por el supuesto impago de 211 millones de euros en impuestos. El Tribunal reconoce que en la operación hay anomalías, pero no ve en ella la intención de entorpecer la labor del ministerio público, como aseguraba la Fiscalía, porque «no tiene ninguna lógica tratar de realizar un alzamiento con un bien que se transmite al administrador de la sociedad». Todo un varapalo para Hacienda, que en 2011 convirtió en su enemigo número uno a un hombre hasta entonces casi tan anónimo como rico.
Ambas cosas, el dinero y la discreción, son la herencia acrecentada de su padre, José María Aristrain Noain, quien pasó de recoger chatarra a ser consejero del Banco Central y el Banco de Fomento y crear un imperio acerero aprovechando la autarquía del franquismo y su facilidad para entenderse con quienes lo legislaban. En 1986 falleció en un accidente de helicóptero en la Costa Azul dejando a sus dos hijos María Ángeles (que recibió ese nombre por el horno alto 1 de Altos Hornos de Vizcaya) y José María (de tan sólo 24 años) una fortuna que en España sólo era superada por la de Ruiz Mateos.
Poco después llegaron las grandes fusiones del sector siderúrgico y Aristrain demostró que también había heredado el buen olfato para los negocios de su padre. En 1997, el Gobierno decide la privatización de Aceralia, una operación en la que el grupo familiar se hace con un 10% de la compañía. En 2002, su hermana le vende sus participaciones coincidiendo con la fusión de Aceralia con Arbed y Usinor, que da lugar al nacimiento de Arcelor, que, a su vez, cuatro años después es comprada por Mittal. Hoy se estima que el industrial vasco posee un 2% del gigante resultante, ArcelorMittal, que suma al 11% de Tubacex de la que es primer accionista.
La revista Forbes valoró el año pasado su fortuna en 1.200 millones, y eso que la publicación sólo tiene en cuenta el patrimonio empresarial, no el personal. No pone precio, por ejemplo, a cosillas como una residencia en Gstaad (Suiza), manzanas de edificios en el centro de Madrid, una ganadería de toros bravos, una finca de caza de 18.000 hectáreas en Cáceres o una colección de coches. Y, por supuesto, también queda fuera de su radar el entramado de sociedades y fundaciones opacas en Liechtenstein y Suiza que, según una investigación periodística de 2021 creó su padre.
En 2011, Hacienda rompe totalmente su afán por pasar desapercibido. Asegura que en 1998 constituyó Corporación JMAC BV, compañía que primero instaló en Holanda (país en el entonces las compañías tenedoras de acciones de cotizadas no tributaban ni por los dividendos ni por las plusvalías generadas por la venta de los títulos) y después en Luxemburgo (donde no hay impuesto de sociedades), pero gestionándola en todo momento desde su domicilio en Pozuelo de Alarcón. Además, siempre según la acusación, una parte de los beneficios de esta firma eran reintroducidos en España mientras la otra se desviaba a sociedades situadas en paraísos fiscales. Una de ellas, domiciliada en las Islas Vírgenes británicas, corría con los gastos de la residencia en Gstaad, donde el empresario fingía tener su domicilio desde 2005, con lo que evitaba el pago del IRPF y el impuesto de Patrimonio. Total, quince delitos contra la Hacienda Pública y 210.980.706,23 euros escamoteados entre 2006 y 2009 por los que la Fiscalía pidió una pena de 64 años de cárcel y una multa de 1.190 millones de euros, y decretó una fianza de 750 millones de euros y un embargo que obliga a Ariastrian a poner a la venta su megayate de 55 metros de eslora y en la que se escuda para no pagar la pensión a su exmujer y sus tres hijos.
En enero del año pasado, la Audiencia de Madrid no consideró probado que el industrial permaneciera en España más de 183 días al año durante el período denunciado y estimó que la domiciliaron de Corporación JMAC BV en Luxemburgo forma parte del ejercicio de la libertad de establecimiento, admitido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso cuando tiene por finalidad lograr un tratamiento fiscal más favorable. Después decretó el levantamiento del embargo y la Agencia Tributaria retiró su nombre de su lista de morosos. Sigue convencida de que ha cometido el mayor fraude fiscal de nuestra historia (la Fiscalía ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia absolutoria), pero la nueva doctrina del Tribunal Supremo impide incluir en el fichero deudas que no sean firmes.
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