Muertos, churros, enfermos... Los cinco intentos de fraude al seguro más impactantes

Un asegurado afirma haberse salido de la carretera en una vía secundaria de una zona de montaña. La aseguradora comprueba que el seguro se había suscrito apenas un mes y medio antes y que la grúa que recogió el coche realizó el servicio un domingo cuando la llamada de auxilio se produjo un jueves. Mientras, el asegurado aporta un presupuesto de reparación con piezas nuevas por importe de 22.265 euros. Esta cuantía supera el valor venal del vehículo y llevaría a declararlo siniestro total. Además, el taller donde ha llevado el vehículo no puede justificar la adquisición de esas piezas a la aseguradora.

El caso destapó una trama en la que siete personas fueron condenadas por defraudar 153.000 euros a otras tantas aseguradoras con la simulación de once accidentes de tráfico. La operativa era sencilla: disponían de dos vehículos de un mismo modelo, uno accidentado y otro nuevo. Ponían las piezas dañadas en el coche nuevo, daban el parte al seguro y 'reparaban' el coche recolocando sus piezas originales, que estaban en perfecto estado.

El reclamante pasea por una feria con la mala suerte de resbalar frente a un puesto de churros y rosquillas. En un acto reflejo para evitar la caída se agarra al recipiente lleno de aceite hirviendo. El accidente le produce quemaduras, por lo que demanda al seguro del puesto de churros una indemnización por responsabilidad civil.

La investigación que abre la aseguradora desvela que el lesionado trabaja en otro puesto de la misma feria. En concreto, en uno que sirve pulpo y que es propiedad de la hermana del churrero. Además, el accidente había ocurrido a las seis de la mañana, cuando en la feria no se vende pulpo pero sí churros. Para colmo, el reclamante da hasta cinco versiones sobre cómo ocurrió el accidente; una en hospital, otra al médico a la aseguradora, la tercera en las diligencias previas, la cuarta en una demanda que interpuso contra la aseguradora en el juzgado y la última al solicitar un abogado de oficio.

El informe pericial realiza una reconstrucción en 3D que demuestra que era imposible que el contenido de la freidora saltara hacia el exterior del puesto de churros y generara al demandado las lesiones. La única manera en que se podía haber dado el accidente era si el demandante se encontrase dentro del puesto de churros, trabajando. En el juicio, la sentencia desestima la demanda y reconoce que se trata de un accidente laboral.

Una mujer, con un seguro de vida con garantías de fallecimiento e invalidez absoluta, padece un accidente de circulación en 2009 que le produce un esguince cervical, cervicobraquialagia, discopatía cervical y lumbalgia. En 2010, sufre otro accidente y solicita un posible síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. A principios de 2011 declara tener alteraciones de la atención con deterioro cognitivo grave y en 2014 la aseguradora recibe notificación de que ha obtenido la gran invalidez por fibromialgia y fatiga crónica con trastornos cognitivos y que le demanda la correspondiente indemnización del seguro de vida.

La asesoría médica revisa los informes y plantea la posibilidad de que todo sea una simulación. Al indagar más, la compañía descubre que tanto la mujer como su marido tienen apremios por impago de deudas y contrata un detective. Éste descubre que la pareja ya no reside en la ciudad donde contrató la póliza, sino que se ha mudado a Cambridge, donde hace vida normal y es capaz de conversar en inglés con fluidez pese a que esta no es su lengua materna.

La aseguradora finalmente reclama a la mujer que se someta a pruebas por parte de médicos especialistas en medicina legal. Los resultados que obtiene son tan bajos que no corresponden a alguien con deterioro cognitivo grave sino a una persona que se encuentra en coma. Actualmente, se está tramitando un procedimiento penal contra la asegurada por posible delito de estafa.

La aseguradora recibe la notificación por teléfono de que uno de sus clientes con un seguro de vida ha fallecido en el extranjero por disparo por arma de fuego y el cuerpo ha sido incinerado de forma casi inmediata. Llama la atención que la póliza haya sido contratada ese mismo año y que la beneficiaria del seguro declare que la muerte se produjera en El Salvador cuando en la documentación que aporta consta que el crimen tuvo lugar en Guatemala. Además, entre la documentación aportada hay una foto de un cadáver que no guarda parecido físico con la del DNI del supuesto fallecido.

La aseguradora inicia sus investigaciones y descubre que el asegurado, que regentaba un bar en España y que al ir mal el negocio decidió volver a América, tiene otra póliza de vida contratada con otra firma por el mismo capital y cobertura y en fechas muy próximas. La beneficiaria, entre tanto, rehúsa entregar copia de la autopsia realizada al cadáver y se remite a la documentación médica aportada hasta la fecha. Los pocos datos físicos que aparecen en ésta no coinciden con los del asegurado: uno mide 168 centímetros y, el otro, 160 centímetros; uno tiene unos 34 años y el otro roza los 40…

La compañía decide contactar con el cónsul honorario de Guatemala en Barcelona para verificar si la documentación recibida es verdadera y éste traslada sus dudas. En unos documentos faltan sellos. En otros, sobran. Además, ni las autoridades de Jutiapa (Guatemala) ni las de Jiquilisco (El Salvador) tienen registro alguno relacionado con el asegurado. La aseguradora rehusó pagar la indemnización y la beneficiaria interpuso una demanda civil a la que aseguradora respondió con una por estafa. No se supo más de ella.

La aseguradora recibe una reclamación por 600.000 euros por una incapacidad permanente total por parte de un asegurado que contrató una póliza de vida. La incapacidad se deriva de dos accidentes de tráfico leves y viene avalada por una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Pero la similitud de los siniestros (ambos golpes traseros por alcance ocurridos en rotondas), la repetición de las lesiones (esguince cervical en los dos casos) y que éstas hubieran desembocado en un supuesto trastorno depresivo, hacen sospechar a la aseguradora.

La compañía contacta con los conductores implicados en los accidentes y sus aseguradoras, analiza el historial de tráfico del cliente y comprueba que ya había sido víctima de más siniestros y que, fruto de estos, padece bajas de casi un año que en ningún momento reportó al suscribir el seguro de vida. Por otra parte contrata a unos detectives que filman al presunto depresivo haciendo vida social. Va aseado, elegante y practica con asiduidad su afición favorita: la caza, un deporte que sólo se puede practicar si se tiene permiso de armas. Es decir, una licencia que exige pasar un reconocimiento psicotécnico periódico para evaluar los estados mental y físico del cazador. En este momento se decide hacer entrega de la documentación recabada al INSS que revoca la incapacidad permanente total en vía administrativa.