La guerra de guerrillas del Gobierno

La última peripecia ha sido una instrucción del Ministerio de Trabajo a su departamento de inspección –en una circular a la que ha tenido acceso EL CORREO- para que se lance a la vigilancia de la actividad de las empresas y a limitarla al máximo. Una circular emitida el Ministerio de Yolanda Díaz (Unidas Podemos), apenas unas horas después de que la ministra de Industria (PSOE), Reyes Maroto, hubiese relativizado la profundidad del decreto de paralización de actividades promulgad el pasado domingo. Y también apenas unas horas más tarde de que la titular de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño (PSOE) hubiese mostrado una clara flexibilización, al asegurar en una comparecencia pública que es justificable que se mantenga la producción industrial en aquellos casos en los que –dijo «por ejemplo»- «se corra el peligro de perder clientes o mercados». Una propuesta tan ambigua como el propio decreto aprobado por el Gobierno, que situaba la actividad «imprescindible» de las empresas en la habitual de un fin de semana. Una locura. Con ese criterio algunas empresas pueden ponerse a tope de actividad, porque es así como están en fin de semana. Vamos, con más producción que la que tenían cuando el Gobierno aprobó esa norma cargada de polémica, caos e improvisación.

Pedro Sánchez anunció el sábado el aumento de las medidas de confinamiento, reduciendo la actividad empresarial salvo en sectores esenciales. El domingo a mediodía, Moncloa filtraba a los medios de comunicación un borrador de decreto que era muy flexible con la definición de los sectores. Tanto, que la práctica totalidad de la industria vasca podía haber seguido en activo. Al mediodía del domingo, el Consejo de Ministros dijo haber aprobado el decreto. No se sabía con qué texto. Al parecer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puso pié en pared al conocer el detalle del texto. Y en esas estuvieron hasta el mismo borde de la madrugada, cuando Pedro Sánchez se vio en un cruce de caminos: aceptar un cerrojazo extremo como exigía Podemos o hacer el ridículo sobrepasando las doce de la noche sin publicar el decreto. Apenas media hora antes del límite optó por la primera opción, pero también es verdad que después de que el 'lado socialista' del Gobierno en su área económica hubiese colado un artículo 4, el de la actividad imprescindible equivalente al fin de semana. También coló una moratoria de 24 horas.

Ahora, con un texto ambiguo, cada lado del Gobierno tiene desplegada su particular interpretación. Yolanda Díaz, con la nota remitida a la Inspección de Trabajo parece que quiere decir algo así como: «¡Aquí mando yo! José Antonio Ardanza y Ramón Jauregui podían rememorar ahora cómo fue lo suyo en el Gobierno vasco.