Fusiones empresariales frustradas

La operación habría alumbrado un líder indiscutible en dichas actividades, lo que a juicio de las autoridades europeas de la competencia perjudicaría claramente a clientes y consumidores finales a través del incremento del coste de la construcción de nuevos tramos y líneas de alta velocidad; amén de un hipotético aumento de precio por utilizar esas líneas de transporte.

No son muchos, pero sí muy sonados, los casos en los que las autoridades de la competencia ponen pie en pared ante concentraciones empresariales que tratan de generar campeones nacionales, continentales o incluso mundiales, en diferentes sectores de la economía.

Uno de los más recientes que tuvo como protagonista a una empresa española fue la fallida venta en 2016 de O2 a Hutchison por parte de Telefónica. La multinacional quería deshacerse de su filial británica a cambio de 13.000 millones de euros con los que reducir su abultada deuda y garantizar un dividendo atractivo. Pero la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, prohibió la venta con el argumento de que originaría una concentración del mercado que iría en perjuicio del consumidor: los precios de los servicios aumentarían y el abanico de operadores iría a la baja. Y es que una eventual fusión entre O2 y Three -el operador móvil de Hutchison- obtendría una cuota de mercado del 40% en Reino Unido.

Quince años antes, las autoridades europeas también vetaron la fusión entre General Electric y Honeywell, al considerar que la primera tenía ya en solitario «una posición dominante en los mercados de motores a reacción para grandes aviones comerciales y regionales». General Electric hizo entonces lo que se suele hacer en estos casos: una propuesta de compromisos con los que eliminar las reticencias de las autoridades de la competencia, pero Bruselas rechazó las propuestas correctoras porque entendía que no resolvía los problemas con la suficiente claridad «en una fase tan avanzada del procedimiento». Este asunto desató las protestas del Gobierno estadounidense ante lo que se consideraba una injerencia de Europa en asuntos económicos de Estados Unidos ajenos a su jurisdicción.

Las reticencias de los reguladores del mercado también estuvieron detrás de la pretendida fusión entre Pfizer y Allergan, dos de los gigantes farmacéuticos mundiales. La unión de estas empresas le habría permitido a la primera de ellas (creadora del popular Viagra) ahorrarse una cantidad multimillonaria en impuestos por su intención de tributar desde un nuevo domicilio fiscal en Irlanda. El gobierno de Barack Obama lo quiso evitar, y para ello legisló 'ad hoc', imponiendo una regulación fiscal que en la práctica echaba para abajo el plan de Pfizer de pagar menos impuestos. Apenas dos días después de conocer la intención del ejecutivo estadounidense, Pfizer anunciaba que el acuerdo de fusión se cancelaba «por mutuo acuerdo de las compañías».

La prohibición de concentraciones empresariales debe estar guiada, en principio, por análisis técnicos y fundada en el interés económico de los consumidores. Sin embargo, se han dado casos en los que las decisiones han sido tomadas con criterios ajenos a los de la pura competencia empresarial. En España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero terció en la fusión de Antena 3 y La Sexta para modificar las condiciones impuestas por las autoridades de la competencia en cuanto a la venta conjunta de publicidad.

Y esto fue posible porque la Ley de la Defensa de la Competencia de 2007 abría la puerta a que el Ejecutivo -a través del Consejo de Ministros- podía modificar las decisiones de Competencia desde un prisma distinto, como por ejemplo el de defender una determinada política industrial.

Este es uno de los argumentos que tratan de introducir muchas empresas a la hora de defender concentraciones o fusiones frente a los puramente económicos. «Puede ser positivo, desde una perspectiva general, mantener un debate abierto sobre la oportunidad de considerar la política industrial europea a la hora de evaluar operaciones de concentración empresarial. No obstante, estos elementos deberían siempre aplicarse de forma absolutamente extraordinaria».

Y «ninguna medida que se aplique en esta línea debería menoscabar el principio de que las decisiones en esta materia estén basadas en un análisis técnico objetivo y riguroso, basado en elementos legales y económicos», considera Borja Martínez del Corral, director responsable de Derecho de la Competencia de KPMG Abogados.