Extrabajadores de La Naval, a la greña

Los antecedentes son de sobra conocidos. La Naval de Sestao presentó solicitud de procedimiento concursal a finales de 2018 y un tiempo más tarde el juzgado delo mercantil que supervisaba la situación de la sociedad decidió iniciar el proceso de liquidación. Las pérdidas millonarias del pasado y la ausencia de tesorería hacían imposible continuar con la actividad. La ausencia de empresarios interesados en asumir la empresa en ese estado y capitalizarla impedía recuperar la normalidad. Así que el juzgado hizo, básicamente, dos cosas. Una, colgar el cartel de «se vende» en las instalaciones, a la búsqueda de un comprador y también despedir a los 174 trabajadores. Los sindicatos CC OO, CAT y ELA decidieron recurrir esta decisión de despido, alegando que en la tramitación del ERE se habían producido irregularidades, al tiempo que reclamaban que se considerase que La Naval formaba un grupo empresarial con Astilleros Murueta e Ingeteam, sus dos principales accionistas. Mientras tanto, ningún inversor ha presentado oferta alguna para quedarse con el astillero. Aunque existen interesados -así lo ha reconocido el Gobierno vasco-, ninguno quiere hacerlo mientras exista alguna inseguridad jurídica en torno a la antigua plantilla. Hace tan sólo unos días, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado el despido y ha rechazado el recurso presentado por los mencionados sindicatos. Pero también es cierto que uno de los tres magistrados del tribunal emitió un voto particular en el que admitía errores formales en el ERE y, por lo tanto, daba la razón a CC OO, CAT y ELA.

Según el anónimo que circula estos días -compuesto por cinco folios-, el recurso anunciado por ELA y CAT puede tardar dos años en resolverse. Un periodo mortal para el futuro del astillero porque de esa forma se cortaría cualquier opción a la aparición de un empresario que esté dispuesto a retomar la actividad de construcción de buques. En ese contexto, el administrador concursal se vería obligado a abrir una liquidación por partes. Esto es, a admitir que se presenten ofertas pero para vender los activos del astillero de uno e uno.

El anónimo en cuestión reclama que la decisión de recurrir o no al Supremo se adopte por mayoría en una asamblea, pero todo apunta a que no será así, ya que los dos sindicatos implicados tienen legitimidad para hacerlo. Unos 40 trabajadores de La Naval, además, han respaldado que se presente el recurso.