La multa de hasta un millón de euros a comercios que no acepten el pago en efectivo

Desde esta semana la negativa por parte de un comercio a aceptar el pago en efectivo es sancionable con multas de, al menos, 150 euros. Así lo recoge el Real Decreto-ley 24/2021, que modifica en algunos aspectos la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, en este caso concreto, determina las cuantías de las sanciones que se impondrán a los establecimientos que cometan lo que ya suponía una vulneración de la legislación.

Así, en su artículo 48 el texto asegura que impedir que alguien pague con monedas o billetes de curso legal supone en principio una infracción leve, lo que puede acarrear multas de entre 150 y 10.000 euros. Sin embargo, en determinadas circunstancias cabe la posibilidad de que la práctica tenga la consideración de infracción grave o muy grave. Ocurrirá, por ejemplo, si el comercio es reincidente, se aprovecha de su situación de dominio del mercado o si, al restringir los posibles medios de pago, se aprovecha de situaciones de necesidad de determinados bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado o si directamente origina esa necesidad. En el caso de que se determine que la sanción es grave, la cuantía de las multas podría llegar a los 100.000 euros y si es muy grave, al millón.

Además, la normativa aclara que «la imposición de sanciones deberá garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisión de una infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas». Esto da pie a que las cantidades establecidas como multas máximas puedan en realidad sobrepasarse y que la cuantía final de la sanción se establezca tomando como referencia el beneficio ilícito obtenido. En el caso de las infracciones leves, hasta alcanzar entre dos y cuatro veces este beneficio; en el de las graves hasta alcanzar entre cuatro y seis veces su importe, y en el de las muy graves, entre seis y ocho veces el rédito obtenido con la negativa a aceptar efectivo.

La única limitación al metálico como medio de pago no la puede poner el establecimiento, sino que viene determinada por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que desde el verano pasado exige que cualquier pago realizado por un particular a un empresario o profesional que sea superior a 1.000 euros (o su equivalente en moneda extranjera) debe hacerse mediante medios que permitan identificar el origen del dinero, como tarjetas de crédito o transferencias bancarias.