La difícil papeleta del Gobierno vasco en Euskaltel

Las declaraciones realizadas el pasado martes por el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, en las que tan sólo alcanzaba a «desear» que el arraigo de Euskaltel no corra peligro son evidentes. Fueron la expresión máxima de la impotencia.

El Ejecutivo vasco siempre se ha distinguido por defender eso que se denomina el 'arraigo' de las empresas, más aún si se trata de aquellas que tienen una trascendencia especial, como es el caso. Pero Euskaltel tiene un valor muy elevado en Bolsa y los apoyos que puede encontrar la Administración vasca para lanzarse a una 'operación defensa' son más bien escasos. En la actualidad, la operadora vasca vale unos 1.500 millones de euros en el mercado y Kutxabank tan sólo posee ya el 19,88% de su capital social, tras haber reducido de forma progresiva su posición desde casi el 70%. Un plegar velas que se ha ejecutado en sucesivas ventas o diluciones por las ampliaciones de capital. Así las cosas, garantizar un control de la empresa en 'manos vascas' supondría adquirir casi el 30% de las acciones o, lo que es lo mismo, desembolsar 450 millones de euros. Prohibitivo para el Gobierno vasco. La cifra no está en el radar de lo posible.

Incluso otras opciones más 'baratas' siguen siendo lejanas. Adquirir un 10% para, sumada esta participación a la de Kutxabank, empatar al menos con ese 29% que pretende conquistar Zegona, supone dedicar 150 millones de euros. Pese a la rebaja en las ambiciones, esa cifra también resulta prohibitiva para el Gobierno.

El Gobierno vasco anunció a principios de la legislatura, a finales de 2016, que iba a constituir un fondo de inversión para tomar participaciones en empresas cotizadas, precisamente con la intención de apuntalar su 'arraigo'. Explicado de otra forma, para minimizar el riesgo de una deslocalización de sus centros de decisión o de alguna de sus instalaciones clave. Lo cierto es que algo más de tres años después aún es un proyecto y sigue en fase de estudio. En el mejor de los casos, la dotación de ese fondo se había estimado en 250 millones de euros. ¿Puede una única empresa, en este caso Euskaltel, concentrar el 60 o el 70 por ciento de la inversión de ese fondo? También es difícil de digerir.

Y al margen de cuestiones económicas, son muchos los que creen que sería peor el remedio que la enfermedad. Según esta línea de pensamiento, probablemente acertada, una intervención 'descarada' del Gobierno vasco en la empresa puede ser contraproducente en la vertiente comercial de la operadora. No en el País Vasco, pero quizá sí en Asturias y Galicia, sus actuales mercados naturales y también en zonas como La Rioja, León o Cantabria, que se han identificado como territorios para materializar la estrategia de expansión.

La única intervención del Gobierno vasco en esta línea 'intervencionista' se produjo a finales de 2017, con la compra del 1,25% de la empresa guipuzcoana CAF. Una operación un tanto extraña que seguro que encierra más secretos e intriga que una novela de Agatha Cristie. Y ello porque aunque se vistió con el ropaje de «garantizar el arraigo» de la empresa, lo cierto es que el mismo no parecía estar en peligro. Kutxabank posee el 14,05% de la empresa y una sociedad de cartera propiedad de una parte importante de la plantilla tiene el control del 29,56%. En suma, el 45,61% en manos poco sospechosas de favorecer una deslocalización. Y, a pesar de ello, el Gobierno vasco optó por desembolsar 15 millones de euros por ese 1,25%. De momento, al menos, ha supuesto una buena inversión financiera, con una revalorización del 25%. No está nada mal.