Colapso en la Seguridad Social: ¿Por qué no llegan las ayudas destinadas a la crisis del Covid?

A finales del pasado mes de diciembre el sindicato UGT denunciaba, a través de un comunicado, que ese colapso persistía casi diez meses después de que el coronavirus bloqueara la economía mundial. La central sindical aseguraba que, aunque la citación telefónica había mejorado, la Seguridad Social seguía siendo «un foco de frustración ciudadana».

«Diariamente continúan produciéndose multitud de quejas de personas usuarias que tienen que atender a procedimientos que necesitan obligatoriamente una cita. Algo que se convierte en una tarea absolutamente imposible», denuncia la UGT. «En la mayor parte de las oficinas de la Seguridad Social de toda España -prosigue el escrito- la respuesta es que no hay citas, que quedan pocas o que serán para dentro de un mes».

Por ello, el sindicato insta a «mejorar la garantía para atender adecuadamente todos y cada uno de los procedimientos y a que se articulen los mecanismos necesarios que permitan a las personas usuarias acceder fácilmente a la Administración, un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas».

A todo ello hay se suma el hecho de que, durante seis días, (29, 30 y 31 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero los servicios 'online' que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)estuvieron inhabilitados por tareas de mantenimiento en la web. Ello afecta a gestiones como la solicitud de la cita previa, presentación de solicitudes, recursos y alegaciones, certificados, o acceso al expediente en la web.

UGT considera que se debe prestar «especial atención» a los colectivos «más desfavorecidos y con menos medios para acceder de forma telemática o telefónica». Por esa razón pide «que se refuerce la citación y atención presencial» para que todas esas personas «no queden en un limbo administrativo y sin respuesta».

La Seguridad Social, con una plantilla en mínimos, se ve desbordada a la hora de pagar las nóminas de los pensionistas y asumir la gestión del IMV y otras prestaciones y ayudas derivadas de la pandemia. En diez años, desde 2010, el número de trabajadores del ente previsor ha pasado de cerca de 30.500 a poco más de 23.900. Eso significa una reducción de más del 21%.

Por si fuera poco, se trata de la Administración más envejecida, ya que el 75% de los empleados tienen más de 50 años. Y la edad media de sus trabajadores se sitúa a los 58 años, muy cerca de la jubilación. El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido en más de una ocasión la falta de funcionarios.

UGT, que pone en valor el trabajo de los empleados públicos, considera necesario «reforzar los medios materiales y humanos para dar una solución rápida y eficaz a personas que necesitan ayuda y que no pueden esperar más». Entre otras medidas, el sindicato propone «una estructura única para el conjunto del sistema, una relación de puestos con una dotación acorde con las necesidades del servicio y una red de oficinas dimensionada en función de la población para dar un servicio de calidad».