Cada cliente de electricidad aún 'debe' 564 euros

Ese agujero negro se fue descontrolando hasta sumar casi 30.000 millones de euros en 2013. Desde entonces una pequeña parte de lo que los usuarios de la luz pagan en sus facturas se destina a amortizar esa deuda. Ese recargo, totalmente ajeno a los que suponen los costes propiamente dichos de llevar la electricidad hasta empresas y hogares, ha permitido reducir el pasivo. Eso, y el hecho de que desde 2014 y hasta 2018 incluidos (último año auditado) el sistema ha registrado superávits: de los 550 millones registrados en 2014 a los 96 de 2018. En ese tiempo se han acumulado unos números negros de 1.687,5 millones de euros, según datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Un dinero que en circunstancias normales -un escenario sin deuda- debería haber servido para reducir los costes regulados de la factura eléctrica. Pero es que ni siquiera se ha empleado para reducir ese pasivo. En teoría, la ley obliga a ello. Sin embargo, la realidad es que distintas modificaciones normativas redactadas en los últimos años han permitido destinar parte del superávit acumulado dese 2014 a tapar otros agujeros. La CNMC explica que el Estado ha echado mano de 649,8 millones de euros, por lo que hoy día existe un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de 1.037 millones de euros.

Aquellos casi 650 millones de euros se han empleado, por ejemplo, en devolver las cantidades financiadas por las grandes eléctricas en concepto de bono social y que les han tenido que ser reintegradas en virtud de distintas resoluciones judiciales. Concretamente, un total de 518,5 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Otra partida (120 millones de euros) se ha dedicado a las ayudas a la inversión en instalaciones de renovables en territorios no peninsulares: 60 millones a cargo del presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con efectos del año 2017, y otros tantos millones de euros correspondientes a 2018. Finalmente, una partida menor -11,3 millones- fue destinada a pagar el denominado «complemento de eficiencia» a las plantas de tratamiento de purines -residuos de origen animal, principalmente- que transformaban esos desechos en energía. Se trataba de un incentivo económico que fue denegado en el marco de los recortes a la retribución de energía renovable aplicados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Posterioremente, en 2018, los tribunales dieron la razón a los productores.

La deuda acumulada en los años de tarifa llegó a ser tan grande que hubo de constituir un fondo de amortización específico que gozara con el aval del Estado. El fondo -denominado FADE- se constituyó a principios de 2011 para poder titulizar esa deuda. En la actualidad acapara el 82,8% de los derechos de cobro de esos más de 16.600 millones pendientes de amortizar. Otro 10,4% está en manos de entidades financieras, el 4,9% corresponde a vehículos de titulización extranjeros, y el 2% restante al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Según la CNMC, el coste medio ponderado de esa deuda en 2020 es del 2,395%, 16,7 puntos básicos menos respecto al del año anterior. En términos absolutos, los intereses de la deuda estimados para 2020 ascienden a 397,7 millones de euros (casi 200 millones menos que los abonados en 2018).