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iratxe bernal
Jueves, 3 de enero 2019
«U opas o te opan», le decía en 1987 Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía e Industria, a Pedro Toledo, presidente del Banco Vizcaya. En vísperas de los eventos de 1992, el Gobierno socialista encaraba su segunda legislatura en un momento económicamente dulce pero movidito. España, recién llegada a la Comunidad Económica Europea, organizaba en Seat, Endesa, Marsans o Pamesa las primeras privatizaciones; las grandes empresas intentaban crecer mediante opas exitosas como la de los bancos Bilbao y Vizcaya, u hostiles y frustradas como la del propio Banco de Bilbao al Banesto; en Moncloa acababan de descubrir que, sin control alguno, el fondo soberano kuwaití KIO había comprado participaciones significativas en gigantes estratégicos como Explosivos Río Tinto o los bancos Central, Vizcaya y Santander; a los titulares, a veces más rosa que salmón, llegaban nombres como los de Mario Conde, Juan Abelló, Javier de la Rosa o los Albertos y, contagiados de aquel furor, muchos españoles de a pie empezaban a asomarse al parqué para sacar lustre a sus ahorrillos. Pero la Bolsa no era precisamente transparente y desde luego no estaba preparada para la liberalización del mercado de capitales europeo previsto para 1992. Hacía falta pues establecer sistemas de control para fortalecerla y, sobre todo, para regular el comportamiento de sus agentes.
Así entró en vigor la Ley del Mercado de Valores. Tras el proyecto estaban Solchaga y Pedro Martínez Méndez, quien con el cargo de Director General del Tesoro había aceptado el reto de redactar tres leyes: la del fondo de pensiones y las de los mercados de deuda y valores. La oposición calificó el proyecto de demasiado intervencionista, un recelo compartido por muchos y que fue el primer escollo que tuvo que encarar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano que sustituiría a las juntas sindicales y del que dependería a partir de entonces el control de las sociedades que emitieran valores o prestaran servicios de inversión.
Sus primeros presidente y vicepresidente serían, respectivamente, el exministro de Industria y Energía Luis Carlos Croissier y el propio Martínez Méndez, quienes habrían de empezar su labor regulando el uso de la información confidencial y asegurando a las bolsas ya existentes (Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia) que no perderían identidad en el nuevo sistema. Para garantizarlo pactaron la presencia de representantes de los gobiernos vasco, catalán y valenciano en el comité asesor de la CNMV y pusieron en marcha la interconexión de los cuatro mercados de valores gracias a la compra por mil millones de pesetas (casi 6 millones de euros) del sistema informático empleado por la Bolsa de Toronto.
Entre las primeras intervenciones se obligó a las sociedades y agencias de valores a dotar al menos el 25% de las inversiones de dudoso reembolso y se renovó el reglamento sobre las repentinamente populares opas, al que hubo que adelantar la obligación de informar de cualquier variación que afectara a al menos un 5% de la acciones de cualquier sociedad cotizada. El nuevo reglamento tuvo su gran debut aquel mismo año con la opa presentada por KIO sobre el 100% del capital de su filial española Torras por 83.000 millones de pesetas (casi 500 millones de euros), operación que derivaría en un escándalo financiero y la mayor suspensión de pagos conocida hasta entonces.
Enseguida llegaron también las investigaciones y sanciones. La primera de importancia (65 millones de pesetas) la propuesta al Ministerio de Economía sin terminar 1999 contra la sociedad de valores Drexel Burnham Lambert tras la salida a Bolsa de Repsol. En la privatización de la petrolera no estaba permitida la compra de acciones por parte de inversores institucionales extranjeros, prohibición que Lambert se saltó adquiriendo un 20% del capital social de la firma a través de títulos del tramo minorista. Las adquirió en nombre de 400 pequeños y desinformados ahorradores que, en el primer día de cotización, vendieron al precio de salida a favor de los clientes de Drexel o la propia sociedad de valores.
En estos 30 años, aquel sistema informático importado de Canadá (el CATS, siglas de Computer Assisted Trading Sistem) ha sido sustituido por el Sistema de Interconexión Bursátil Español (el Sibe); aquellas recelosas cuatro bolsas se han integrado en el holding Bolsas y Mercados Españoles y el parqué ha visto desaparecer los corrillos y nacer nuevos índices como el MEFF, el Latibex, el MAB y hasta el mismísimo Ibex 35. En estas tres décadas las familias españolas han llegado a ser las propietarias de más de una tercera parte de las empresas cotizadas (aunque tras la crisis los niveles rondan el 20%) y se han producido casi 400 ofertas públicas de adquisición, algunas de ellas convertidas en auténticas batallas económicas y hasta políticas. También se han elaborado códigos de buen gobierno y ha habido errores y descalabros bursátiles en los que el papel de la CNMV ha sido cuestionado. De Banesto a Bankia, de Ibercorp a Gescartera pasando por Afinsa, las 'stock options' o las opas en cascada de Endesa, estos son algunos de los momentos clave de tres décadas de control bursátil.
En 1992,'El Mundo' publica que Manuel de la Concha, presidente del Banco Ibercorp, había ocultado información a la CNMV falseando la lista de accionistas que habían vendido acciones de una de sus filiales (para autocartera) justo antes de que el valor de los títulos se desmoronara. Entre los nombres ocultos estaban los del entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el exministro de Economía Miguel Boyer y sus respectivas esposas, Carmen Posadas e Isabel Preysler. Un año después, el Ministerio de Economía, a propuesta de la CNMV, impuso multas por valor de 1.295 millones de pesetas al grupo financiero e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad a sus máximos responsables. Más tarde se supo que Mariano Rubio había facilitado la concesión de un crédito de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) del instituto emisor a Ibercorp pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España y que además tenía una cuenta secreta con dinero negro en la entidad por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas).
Tras la intervención del Banco Banesto, con un agujero patrimonial de 638.000 millones de pesetas (3.834 millones de euros), la CNMV fue duramente criticada por no haber puesto ningún reparo al folleto informativo que acompañó unos meses antes la mayor ampliación de capital de la banca en España, 130.000 millones de pesetas, unos 600 millones de euros. En su comparecencia en el Congreso, el presidente del organismo, Luis Carlos Croissier, aseguró que la función de éste es asegurarse de que el inversor recibe la información adecuada, pero no corroborar la veracidad de las auditorías que se someten las cuentas de las empresas cotizadas. Esa misma explicación dieron en 2011 ante los tribunales (y como imputados) Julio Segura y Fernando Restoy, presidente y vicepresidente de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa de Bankia. Los sistemas de control del regulador bursátil volvieron a quedar en evidencia en las cuentas falsas de Pescanova, Gowex (la mayor estafa del Mercado Alternativo Bursátil, MAB) o del Banco Popular.
En 1999 la CNMV impuso la mayor sanción prevista en la Ley a la agencia AVA (Asesores de Valores) retirándole la licencia para operar e inhabilitando a sus responsables. Un año antes, el organismo había ordenado a la agencia informar a sus clientes del gran riesgo de su producto estrella (inversión en futuros de renta fija y variable en mercados emergentes comercializados por Socimer, un banco de negocios con sede en las islas Bahamas) y reconducir esos fondos a productos más seguros. Pero Socimer entró en crisis después de hacer una operación ruinosa con la compra de un banco argentino provocando el colapso de AVA, que perdió 15.200 millones de pesetas invertidos por unos 4.000 pequeños inversores que desconocían la peligrosidad de la inversión.
En 1998, mientras Telefónica negociaba con la compañía estadounidense MCI WorldCom la creación de un gigante de las telecomunicaciones, el presidente de la compañía española, Juan Villalonga, adquirió 198 millones de pesetas en opciones de la operadora (stock options) que vendió tan sólo dos semanas después con una plusvalía de 21,3 millones de pesetas después de que el presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, le recomendara hacer pública la compra-venta. En 1999 se modificó la Ley del Mercado de Valores para obligar a los consejeros de empresas cotizadas a notificar al mercado la adquisición de opciones. En 2002, cuando Villalonga ya había abandonado Telefónica, la CNMV archivó la investigación, al no encontrar indicios suficientes sobre el uso de información privilegiada.
La sociedad propiedad de Antonio Camacho y presidida por Pilar Giménez Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, causó la mayor crisis de la CNMV. Gescartera recibió, en diciembre de 2000, autorización del regulador bursátil para pasar de sociedad gestora a agencia de valores pese a haber sido sancionada un año antes por infracciones graves. En 2001, ante la imposibilidad de acceder a sus cuentas, fue intervenida por la CNMV. Para entonces la estafa (simulaban operaciones de compra y venta de acciones) superaba los 50 millones de euros y afectaba a 4.000 clientes, entre ellos una treintena de instituciones ligadas a la Iglesia católica. El caso motivó la dimisión de la entonces presidenta del organismo, Pilar Valiente.
La batalla energética por excelencia dio mucho trabajo a la CNMV, que aprobó opas, prohibió el lanzamiento de otras, lanzó advertencias y vio dimitir a su presiente por falta de acuerdo en el propio seno del regulador bursátil. En 2001 Endesa e Iberdrola, las dos mayores empresas eléctricas de España, habían abandonado su proyecto de fusión por las condiciones establecidas por el Gobierno y, dos años más tarde, Gas Natural lanza una opa hostil contra Iberdrola que fue prohibida por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En 2005 Gas Natural decide lanzar una nueva opa, esta vez para adquirir Endesa. Tras cinco meses de demandas y trámites, cuando la oferta ya había recibido el visto bueno del Ejecutivo, la eléctrica E.ON (participada en parte por el gobierna alemán) lanza una contraoferta que pone en jaque a Gas Natural pero también al Gobierno. Moncloa otorgó más competencias a la CNE para obstaculizar la operación, lo que le Bruselas consideró ilegal. En febrero de 2006 llega la tercera oferta, la de Enel (participada en parte por el gobierno italiano), que puja contra E.ON hasta que logra un acuerdo con Acciona (propietaria del 21% de Endesa) para dejar fuera de juego a los alemanes. La forma en que se concretó y se anunció esta unión causó discrepancias en el seno de la CNMV que se cerraron con la dimisión su entonces presidente, Manuel Conthe, partidario de sancionar a ambas firmas por dejar indefensa a E.ON frente a la medida adoptada finalmente, la prohibición de lanzar la opa en un plazo mínimo de seis meses. Finalmente Endesa pasó a manos de Acciona y Enel, que en 2009 compró su participación a la firma española a cambio de activos en energías renovables de Endesa.
El 9 de mayo de 2006, una investigación de la Agencia Tributaria provocó la intervención de Afinsa y Fórum Filatélico, que fueron intervenidas judicialmente acusadas de organizar una estafa piramidal y de realizar operaciones con activos (los sellos) sobrevalorados, falsos o incluso inexistentes. En total, se vieron afectados los aproximadamente 150.000 clientes. En 2010, la Audiencia Nacional eximió al Estado de indemnizar a los afectados al considerar que la vigilancia de estas sociedades no dependía de la supervisión de las autoridades financieras (Banco de España y la CNMV), pese a que en el proceso la directora del Servicio de Reclamaciones de la CNMV, Gloria Bombín, reconoció que diez años antes había tramitado reclamaciones tanto contra Afinsa como contra Fórum Filatélico.
En febrero de 2009, Nueva Rumasa lazó una oferta de pagarés que ofrecía un interés del 10%. Tres meses después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lanzó la primera de las siete advertencias en las que alertaba a los pequeños ahorradores de que las características de la emisión (el importe nominal era de 50.000 euros y no intervenía ninguna entidad financiera en la colocación de los pagarés) la dejaban fuera de su supervisión. La operación de Nueva Rumasa estaba pensada para librarse de su control y eso ya debería hacerles desconfiar. De hecho, con motivo de estas emisiones pidió al Gobierno la reforma de la Ley del Mercado de Valores para obligar la mediación de un gestor financiero controlado por la CNMV en las ventas de títulos en las que se realice publicidad dirigida al gran público. Aun así, Nueva Rumasa realizó en junio de 2010 una quinta emisión de pagarés, aunque esta vez sin campaña publicitaria para librarse de nuevo de cualquier supervisión. Ocho meses después, el grupo anunciaba la solicitud de concurso de acreedores para algunas de sus mayores compañías.
La CNMV impone sanciones por 3,1 millones a Catalunya Banc y Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia por la venta de preferentes. En total, la CNMV sancionó a diez entidades financieras con 45 millones por la comercialización de estos activos. No han sido ni mucho menos las últimas sanciones millonaria a entidades bancarias. En distintas actuaciones, a lo largo de 2018 la CNMV ha impuesto una multa de 5 millones de euros Caixabak, 4,5 al Santarder y 3,5 al BBVA por el cobro indebido de comisiones en la venta de fondos o por recibir incentivos no autorizados de terceros.
En noviembre, la CNMV multa a ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con una sanción de 30.000 euros (la mínima para las faltas muy graves) por vender acciones de Abengoa, de la que era consejero pocos días antes de que la firma presentase un preconcurso de acreedores en 2005. Borrell tramitó la venta de las acciones pertenecientes a su exmujer pero mantuvo las que estaban a su nombre, 71.000 acciones valoradas entonces en unos 71.000 euros. Cuando dejó el consejo de Abengoa, en julio de 2016, estas acciones valían 17.000 euros.
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