El Tribunal de la UE evita que haya que devolver las ayudas del 'tax lease' naval

Este sistema de ayudas a la construcción naval en España fue impulsada por el Gobierno de Aznar para intentar ayudar a ese sector, que ya entonces se encontraba en declive. Los armadores podían conseguir ahorros de hasta el 30% en el precio de los buques que encargaban gracias a una compleja estructura que en último término permitía al Estado conceder una subvención equivalente a ese descuento. Para ello se creaba una estructura intermedia, una Agrupación de Interés Económico, formada por empresas con un importante volumen de beneficios y a la búsqueda de desgravaciones fiscales. Era esa agrupación la que anticipaba el dinero, formalmente encargaba el barco al astillero y con posterioridad lo ponía en manos del armador con un descuento importante, primero en régimen de alquiler y con una venta posterior.

A cambio, Hacienda concedía a los inversores una deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades que incrementaba su beneficio neto y les permitía recuperar la inversión y una rentabilidad también cercana al 30%. Empresas como BBVA, EL Corte Inglés, Inditex, Banco Santander, Sabadell o Bodegas Muga entraron en aquellas operaciones financieramente atractivas y avaladas por el Gobierno, aunque se estrellarían más tarde contra el muro de vigilancia de la Comisión Europea. El modelo no difiere en su estructura del que se utiliza ahora para subvencionar por la vía fiscal la producción de cine.

En 2013, siendo el español Joaquín Almunia comisario de Competencia, la UE llegó a la conclusión de que esas ayudas eran ilegales porque distorsionaban la competencia entre astilleros europeos. La resolución determinó que la Hacienda española debía recuperar las ayudas fiscales de los buques construidos bajo el 'tax lease' entre los años 2007 y 2011. Algo más de 200 buques de los 273 que se beneficiaron de ese esquema. Las ayudas totales fueron evaluadas en torno a los 3.000 millones de euros, de los cuales 1.000 se habían generado en astilleros vascos.

Tras varias idas y venidas y alguna decisión contradictoria de la Corte de Luxemburgo, la Comisión decidió que quienes debían devolver las ayudas eran las empresas que se habían beneficiado de las deducciones en sus declaraciones de impuestos. Ahí, estima el Tribunal de la UE, se cometió el error ya que no fueron los únicos beneficiados por el modelo, habida cuenta de que los astilleros tuvieron una carga de trabajo que se había estimulado con una fórmula ilegal y los armadores, también empresas con sede en Europa, accedieron a la compra de buques con descuento. Con ello, el Tribunal ha decidido anular la decisión de la Comisión y librar a los inversores de reintegrar esas cantidades a Hacienda.