Transportistas demandan a Repsol, Cepsa y BP por 'inflar' los precios del gasóleo

El proceso se fundamenta en la resolución sancionadora que emitió la Comisión Nacional de la Competencia en julio de 2009 contra las tres principales operadoras en España por unas prácticas que, según ha constatado el organismo, se mantuvieron hasta hace poco. El mecanismo denunciado consistía en imponer una serie de cláusulas contractuales a las gasolineras independientes que operan con su marca para desincentivar la aplicación de descuentos, con lo que había una fijación indirecta del precio de venta al público. Esta fórmula saboteaba la libre competencia entre esas estaciones de servicio y las de la red, lo que encarecía los carburantes.

Según resalta Fenadismer, «una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia en los que, pese a la espectacular bajada del precio del petróleo en más de un 60%, apenas hubo traslado a los precios de los carburantes, que solo cayeron un 10%. Incrementaron así, de forma escandalosa, sus márgenes de comercialización».

La macrodemanda que se ha que presentado en los juzgados de lo Mercantil de Madrid (sede de Repsol y Cepsa) y Castellón (donde radica BP) guarda muchas similitudes con la pugna judicial de los transportistas contra el cártel de los fabricantes de camiones. En aquel caso, la multa que impuso la Comisión Europea a los principales grupos del sector -MAN, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo/Renault, DAF y Scania- dio pie a una avalancha de reclamaciones debido al sobreprecio pagado durante los años del fraude. En Euskadi se presentaron cerca de 4.000 reclamaciones.

Una de las firmas que gestionó esas demandas, Outliers, es la que lidera ahora la reclamación contra las petroleras. Su fundador, Javier Vasserot, explica que «la complejidad en este caso es mucho mayor. Hemos tenido que hacer un estudio en profundidad de las facturas de repostaje para elaborar modelos que permitan estimar el daño a reclamar en los juzgados». Ante el alto coste que supone realizar esta base de datos, el bufete se va a quedar con un 40% de las cantidades que se recuperen y el 60% irá para el transportista. Su idea es presentar otra macrodemanda similar en unos pocos meses.