La Hacienda de Bizkaia apenas recauda un millón por los 'papeles de Panamá'

Lo cierto es que el resultado encaja bastante bien con lo que ya habían anticipado los expertos en la materia. En un caso de este tipo, con sociedades en zonas que, como Panamá, son extraordinariamente opacas a la información tributaria, las posibilidades de llegar al fondo del entramado son realmente escasas. En buena parte de ellos, además, las sociedades radicadas en Panamá son tan solo uno de los vértices de la estructura generada para defraudar al fisco, con ramificaciones en otras sociedades situadas en zonas igualmente opacas como las Islas Vírgenes.

En el caso de Bizkaia, al menos, el trabajo de análisis de la base de datos publicada en 2016 -en la que figuraban únicamente algunos nombres y direcciones postales de referencia para el despacho Mossack Fonseca de Panamá-, propició abrir un total de doce inspecciones fiscales. Ocho de ellas -siete se realizaron sobre contribuyentes individuales y otra más sobre una sociedad mercantil-, permitieron obtener algún fruto. En total, una deuda tributaria de 831.652 euros; más otros 56.284 en intereses de demora y recargos, a los que hay que sumar también 229.277 euros en sanciones.

Hacienda jamás habla de contribuyentes con nombres y apellidos, de ahí que de las actuaciones de la inspección vizcaína sólo se conoce, en el plano genérico, que entre los afectados había empresarios, profesionales liberales y directivos de grandes empresas con rentas elevadas; y que estaban relacionados con diversos sectores de actividad como la hostelería, los automóviles, alquileres y actuaciones en el campo de las nuevas tecnologías. En el momento de desvelarse la base de datos, uno de los pocos nombres ligados al País Vasco y que aparecía relacionado con varias sociedades panameñas era el del exdirector general para Europa de un conocido buscador de internet norteamericano.

Fuentes del sector del asesoramiento fiscal en Euskadi aseguran que la Diputación de Bizkaia ha llevado la inspección por la vía más eficaz que existía en una situación de este tipo. Así, apuntan, la investigación se ha centrado en analizar los movimientos de dinero realizados en España por los inspeccionados durante los últimos cuatro años -el máximo que permite la prescripción de las actuaciones tributarias-, para detectar las transferencias que se pudieron realizar desde sus sociedades 'offshore'. En la mayor parte de los casos esos movimientos no habían sido declarados por los contribuyentes, lo que ha permitido considerarlos como nuevas rentas.

Los 'Panamá papers' señalaban a tres referencias en Gipuzkoa, que fueron sometidas a un primer análisis por parte de la Hacienda de ese territorio, pero que no derivaron en la apertura de inspecciones. Todo apunta -añaden fuentes del sector de la asesoría fiscal-, a que los contribuyentes implicados ya habían realizado previamente una regularización de sus activos situados a nombre de las sociedades 'offshore'. La regularización -la puesta al día de las obligaciones con el fisco de forma voluntaria-, ha sido una práctica habitual en los últimos años. En especial desde que afloraron listados de depósitos ocultos en Liechtenstein y Suiza y se aprobó en España la norma que obliga a declarar todas las propiedades situadas en el extranjero que superen los 50.000 euros de valor.