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ELA denunció ayer que, tras los procesos de estabilización previstos por el Gobierno vasco, uno de cada tres trabajadores públicos en Euskadi seguirá siendo temporal. ... Ese 33%, advirtió, queda muy lejos del 8% que estableció como objetivo la denominada 'ley Iceta', que impulsó la convocatoria de OPE para interinos ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra la temporalidad abusiva en España. Justo ahora esta instancia acaba de emitir un nuevo fallo en el que recomienda a los juzgados convertir en fijos a los temporales de larga duración ante la insuficiencia de las soluciones articuladas.
El análisis del sindicato apunta a que actualmente se contabilizan 47.070 interinos y temporales en el Gobierno vasco y sus organismos dependientes -Osakidetza, Educación, Administración General y Justicia- y estima que las OPE destinadas a su estabilización solo cubren a 12.619 trabajadores. Eso quiere decir que el 73% se queda fuera con lo que al final del proceso todavía habrá 34.461 empleados de carácter temporal. Así lo explicó ayer el secretario general de Servicios Públicos de la central, Igor Eizagirre, que presentó los datos junto con los responsables de Osakidetza y Educación.
«Pese a esos procesos, en Euskadi seguiremos siendo reyes de la eventualidad en Europa», señaló Eizagirre, que criticó que «el Gobierno vasco manifiesta su voluntad de rebajar al 8% la temporalidad, como marca la Ley, pero las plazas ofertadas son irrisorias».
Por áreas, ELA calcula que en el caso de Osakidetza el 85% de los temporales quedará fuera de la consolidación; en Justicia el 80% y en Educación el 71%. Solo son mejores las cifras en Administración General, donde únicamente el 16% se mantendrá como eventual.
En relación a la última sentencia del TJUE, que insta a hacer fijos a los interinos de larga duración, el sindicato considera que constituye «un nuevo varapalo para las instituciones», si bien advierte de que solo afecta al personal laboral y que deja la decisión final en manos de los tribunales españoles. Por eso exige una «modificación legislativa».
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