El teletrabajo de los funcionarios vascos sigue en el aire 15 meses después de ser aprobado

El decreto aprobado el 18 de julio del año pasado en Consejo de Gobierno llegaba a afectar a un colectivo con más de 100.000 empleados, contabilizando tanto a la administración general como a sus organismos autónomos e incluyendo a Osakidetza, Educación, la Ertzaintza y Justicia, aunque tras fijar las líneas generales debía regularse en cada departamento. Concedía dos jornadas de trabajo a distancia, que se podían ampliar según las particularidades de cada sector.

«Durante el mes de septiembre, la viceconsejería ha mantenido reuniones con los sindicatos», detallaron desde el área de Gobernanza. Según destacaron, fue «la propia administración» la que incluyó el teletrabajo en el orden del día «como punto para negociar» durante la primera mesa sectorial celebrada el pasado 3 de octubre.

Como la normativa ya no permite hacer una nueva prórroga, la administración trabaja en un borrador para desarrollar el decreto que regule el teletrabajo. Para el 5 de noviembre hay convocado un nuevo encuentro. Antes esperan recibir aportaciones de los sindicatos para analizarlas antes de reunirse. Al menos una de las centrales ya habría hecho llegar sus propuestas. «En base a lo que se aporte se elaborará un borrador del texto que se llevará a la mesa sectorial», avanzaron las mismas fuentes.

El nuevo texto legal establecía las líneas generales para regular el teletrabajo entre los funcionarios. El permiso debe concederse de forma expresa para cada trabajador, ser voluntario y no tener nunca un carácter irreversible. Es necesario atender con especial sensibilidad a las personas que lo soliciten por motivos de salud o si tienen la condición de víctimas de violencia de género o acoso sexual. El profesional también debe contar con los medios facilitados por el Gobierno vasco para realizar sus labores, como un ordenador, un teléfono o el acceso a las aplicaciones que utilice, y cumplir con un plan de formación al uso.

Algunos de los sindicatos consultados destacaron la falta de actividad en esta materia. En LAB rechazaron valorar la situación tras asegurar que «el asunto del teletrabajo no se ha movido mucho desde julio del año pasado». En ELA remarcaron que todas las centrales habían rechazado el decreto porque se regulaba «como una opción conforme a la discrecionalidad de la administración», que decide «cuándo, quién y cómo se realiza el trabajo». «No se ha pretendido regular desde la perspectiva del trabajador», criticó uno de sus representantes, Igor Eizaguirre. No fue su único reproche. También lamentó la obligación de acreditar una cierta antigüedad, pese a la alta tasa de temporalidad que sufre el colectivo. «No se ha hecho nada y la vigencia de la última resolución terminaba el 15 de junio», reiteró.

Eva Penas, de CC OO, lamentó que el texto abre las puertas a lo que cada administración u organismo quiera negociar y que en la mayoría de las instituciones «abogan por la presencialidad», limitando el teletrabajo a temas de salud. «Falta mucha predisposición», criticaron en la central, aunque reconocieron que algunos ayuntamientos importantes e instituciones forales han ido dando pasos en sus negociaciones, principalmente para «categorías muy concretas». «En general no se está por la labor a pesar de que hay un interés total por parte de los trabajadores», se dolió.