El salario mínimo europeo encuentra resistencia en los países nórdicos y del Este

La otra precisión de partida es que el asunto va para largo. Lo que ha hecho la Comisión Europea es abrir un periodo de consultas con los interlocutores sociales (empresas y sindicatos). Durará seis semanas. Quiere saber si cuenta con su apoyo para meterse de lleno en una negociación. Pero aún habrá una siguiente fase. Al menos hasta septiembre, cuando se prevé que pueda presentar un texto legislativo.

Así que podría decirse que estamos en los preliminares; ni siquiera en la casilla de salida. Por delante quedan muchos meses (quizás más de un año) y discusiones complejas de resultado incierto que obligarán a la presidenta de la Comisión, Ursula von del Leyen, y su equipo a mantener un pulso con las capitales y tirar de hilo quirúrgico para atar 'algo' vendible a la Eurocámara.

La referencia del 60% coincide con el compromiso del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la legislatura. Pero encuentra mucha resistencia en países a los dos extremos de la tabla de retribuciones.

En los nórdicos (Dinamarca, Finlandia o Suecia) son los sindicatos los que temen que una orientación comunitaria lleve a los empresarios a tirar a la baja unos salarios mínimos que se encuentran en la cima de la UE. La Comisión ya les ha dicho que no les impondrá su tesis. Y en los del Este, el temor de sus gobiernos está en el efecto subida de los costes de mano de obra (hoy por debajo de la media), que aminoraría su competitividad. En definitiva, lo que otros miembros del club percibieron como 'dumping' laboral o social en la última recesión, cuando muchas industrias (varias del sector de la automoción) buscaron en países como Eslovaquia o Rumanía mano de obra barata.

Así que Von der Leyen ha pinchado en hueso. De entrada porque los tratados limitan mucho el papel de Bruselas en el ámbito de la política laboral, lo que le obligará a establecer criterios muy escrupulosos para evitar el riesgo de demandas ante la Justicia europea, y porque el mapa del salario mínimo en el club es muy heterogéneo.

De menos a más se podría hablar de tres grupos. En la base, Bulgaria, Letonia, Rumania y Hungría, que pagan entre 200 y 500 euros. En la zona intermedia, Croacia, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, Portugal, Grecia, Malta y Eslovenia. Ahí está entre 500 y 900 euros. Y el 'top', entre 1.000 y más de 2.000 euros, incluiría a España (900 euros mensuales, que con los dos pagas extras prorrateadas resultan 1.050 euros), Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo.

Y eso sólo en lo que se refiere a salarios mínimos regulados por ley. Porque en seis países, Suecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Chipre e Italia no existe tal mecanismo. La particularidad es que sus gobiernos no juegan un papel protagonista. Es la fuerza histórica de los sindicatos y la negociación de los convenios colectivos la que define tradicionalmente lo que es un sueldo básico justo. Y a algunos no les ha ido nada mal. En Suecia se pueden llegar a cobrar, según el sector laboral, más de 2.300 euros; en Finlandia, un mínimo de 1.700 y en Dinamarca, en torno a 2.500 euros. Aunque no todo es tan deslumbrante. En Italia, la fórmula funciona con los grandes convenios nacionales, pero cojea con los pequeños. Allí más de una quinta parte de los trabajadores percibiría menos de 9 euros brutos por hora, más del 30% en el sur.

Así que la Comisión Europea tendrá que tener en cuenta también otra variable: la de una tasa de sindicalización que, dependiendo de los Estados, se mueve entre el 5% y más del 65%. El proceso iniciado, si triunfa, podría llegar a beneficiar precisamente a aquellos en los que sus sindicatos han ido perdiendo fuelle con el paso de los años.

Y desde luego se tendrá en cuenta que la subida debería ser gradual. La Fundación Europea para las condiciones de Vida y de Trabajo de la UE (Eurofund) advierte contra incrementos altos repentinos que «pueden destruir empleos y llevar a algunos sectores a perder competividad internacional». En España, el BBVA ha cifrado en 45.000 el número de empleos que dejaron de crearse en el país el año pasado con la subida del salario mínimo neto a 900 euros mensuales.