La presión de la Inspección de Trabajo permite convertir 46.000 empleos temporales en indefinidos

Y lo hizo después de haber enviado más de 81.000 cartas a empresas que afectaban a alrededor de 130.000 trabajadores, pero sin haber llegado a hacer uso de medidas coercitivas, ya que, una vez enviadas las misivas, las compañías disponen de un mes de plazo para regularizar la situación de los empleados afectados.

Así lo anunció este jueves la ministra, Magdalena Valerio, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum. «Puede ser una gota de agua en el océano de la precaridad laboral, pero da idea del compromiso del Gobierno y de su voluntad de cambiar las cosas», se jactó.

Esta es una de las razones por las que el empleo fijo se disparó un 33,4% en el mes de agosto después de registrar 153.921 contratos de carácter indefinido, casi 40.000 más que en 2017. Así marcó el mejor dato de toda la serie histórica y encadena ya 55 meses consecutivos en alza.

«Parece que se vislumbra una senda en positivo», presumió Valerio, quien, sin embargo, reconoció que los datos de empleo del mes de agosto «no fueron buenos» después de que se destruyeran más de 200.000 puestos de trabajo y aumentaran en más de 47.000 los parados. A este respecto, la ministra confía en que la «moderada desaceleración del crecimiento» que se vislumbra no tenga «excesivo impacto en materia laboral».

La ministra también mostró su deseo de que pronto pueda alcanzarse un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre la nueva fórmula para revalorizar las pensiones después de que este miércoles se cancelara la reunión prevista ante la imposibilidad de llegar a un consenso. Y en este sentido, lanzó un mensaje a los grupos parlamentarios: «No puede ser que cada uno quiera imponer el 100% de sus planteamientos, todo el mundo tiene que ceder un poquito de su posición si queremos llegar finalmente a un acuerdo».

El principal destinatario de estas palabras sería Unidos Podemos, que se mantiene firme en su postura de no aceptar una fórmula que no implique que las pensiones suban cada año al menos el alza de los precios. «No nos moveremos de aquí», insisten una y otra vez desde la formación morada.

Ésta era también la reivindicación del PSOE, pero ahora la propia ministra de Trabajo se mostró dispuesta a aceptar que la recomendación que elabore el Pacto de Toledo recoja el IPC como «elemento troncal» pero deje la puerta abierta a que en situaciones de crisis económica puedan debatirse otros parámetros como el PIB o los salarios, de forma que las pensiones más altas puedan subir menos que los precios, siempre y cuando se haga con el respaldo de dicha comisión y de la mesa del diálogo social. «Si queremos excepcionarlo, que lo hagamos de nuevo teniendo en cuenta el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social, no de manera unilateral por el Gobierno», defendió Valerio. El PSOE se sitúa así al lado del bloque de PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, que admiten revalorizaciones ligadas al IPC pero con matices, de forma que solo se blinde la subida a las pensiones mínimas y en caso de recesión puedan contener el alza de las máximas.

A su vez, la ministra acusó a Podemos de «alentar» las movilizaciones de los pensionistas, después de que este miércoles se vivieran momentos de tensión frente al Congreso durante una protesta que contó con el apoyo expreso del líder de la formación morada, Pablo Iglesias. «Hay personas que quieren seguir manifestándose, pero creo que tienen algún motivo menos para hacerlo», puntualizó Valerio, reafirmando su compromiso a que los jubilados recibirán «una paguilla» al inicio del año si la inflación supera la revalorización del 1,6%.