La huella de la reforma laboral en Euskadi tras ocho años

La reforma introdujo grandes cambios en diferentes terrenos. En primer lugar, abarató el despido improcedente y facilitó también el justificado por causas económicas (con indemnización de 20 días por año trabajado), ya que bastaba la caída de ingresos para acogerse a él. En cuanto a la contratación, permitía las horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, un margen que se amplió aún más en 2013.

Como medidas de flexibilidad, dotaba al empresario de capacidad para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo y, en cuanto a la negociación colectiva, supuso una auténtica revolución: eliminó la ultraactividad (los convenios decaían un año después de vencer), dio prevalencia a los acuerdos de empresa sobre los sectoriales y amplió el margen para los descuelgues.

Todas estas medidas tenían por objeto, según el Gobierno del PP, dar flexibilidad a los empresarios para afrontar un etapa de crisis brutal. Hay que tener en cuenta que la reforma laboral se aprobó en febrero de 2012 por el Ejecutivo y en junio de ese año por el Parlamento, coincidiendo con lo peor de la recesión. El empleo tocó fondo en 2013 y comenzó a remontar en 2014, al son de la recuperación económica.

Resulta muy complejo, por no decir imposible, determinar qué parte de la evolución del mercado laboral es consecuencia de la reforma laboral, dado que se mezclan muchos factores: el principal, el devenir del ciclo económico, pero también otros como el cambio de la estructura productiva, con un mayor peso de los servicios.

Los datos dan para muchas interpretaciones. Las patronales ponen el énfasis en que la flexibilidad que otorga permite evitar despidos en épocas malas, y a la vez favorece la creación de empleo. «Tiene más ventajas que inconvenientes», aseguran en Confebask, que destaca la caída de los despidos colectivos o el escaso número de descuelgues como prueba de que los empresarios no han hecho mal uso de las opciones otorgadas. «Si hubiésemos tenido la flexibilidad que da la reforma antes, se hubiese evitado la sangría en el empleo», asegura Francisco Javier Azpiazu, secretario general de la vizcaína Cebek.

En el otro extremo, los sindicatos denuncian la precarización que ha conllevado. «El despido fácil y barato debilita a los trabajadores. Eso, junto a los cambios en la negociación colectiva, ha permitido una gran devaluación salarial», señala Pello Igeregi, de ELA, y aporta como prueba la pérdida de poder adquisitivo del 10% registrada en Gipuzkoa en una década, según datos de esa Hacienda. «La reforma laboral ha favorecido la contratación a tiempo parcial, que normalmente es involuntaria», señala Loli García, de CC OO-Euskadi. «El abaratamiento del despido ha destruido empleo indefinido, que se ha sustituido por otro precario», sostiene Maribel Ballesteros, de UGT.

El nuevo Gobierno se ha comprometido a revisar la reforma en profundidad. Iniciará su desmontaje el martes con un aspecto más bien tangencial, aunque con mucho eco social: anulará el artículo que permite despedir a un trabajador por encadenar ausencias, aunque sean justificadas por bajas médicas. Esta disposición no la introdujo la reforma laboral sino que llevaba vigente décadas. En 2012 sólo se flexibilizó algo más la posibilidad de utilizarla. Así que la contrarreforma aún está por definirse y para ello habrá que ver con detenimiento el efecto real de esa polémica regulación laboral.

Lo primero para calibrar los efectos de la reforma laboral es ubicarla en el tiempo. Su aprobación en el Parlamento, en junio de 2012, coincidió con el rescate de la banca, en un momento muy delicado para una España al borde del abismo. Era lo peor de la segunda recesión. La recuperación económica comenzó en el primer trimestre de 2014 y también ese año empezó a remontar el empleo.

Por tanto, tras la aprobación de la reforma, sólo hubo un año y medio de destrucción de puestos de trabajo y a partir de ahí se inició la recuperación. En este sentido, lo que se observa es que el año 2013 fue muy negativo para el mercado laboral vasco. Se eliminaron 30.000 empleos, con lo que la media ese año cayó hasta los 872.651, el punto más bajo de la crisis, con una pérdida de más de 100.000 desde 2008.

Ese año los trabajadores afectados por EREs de extinción llegaron a los 3.300 y las demandas en los juzgados de lo social por todo tipo de despidos se dispararon a un pico de 7.184.

Eso se puede decir del primer año, un tiempo demasiado reducido para comprobar si, como sostiene el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, la reforma permite suavizar la destrucción de empleo al proporcionar alternativas de ajuste sin recurrir al despido. «Te permite hacer cambios de jornada y de salarios; eso es esencial para adaptarte al mercado», señala.

En 2014 llegó la recuperación y el mercado laboral vasco ha ido mejorando hasta sumar 95.000 nuevos ocupados, muy cerca de los niveles precrisis. «La reforma ha aumentado la capacidad de la economía de generar empleo», asegura Confebask.

Entre los objetivos de la reforma laboral figuraba la reducción de la temporalidad. Para ello introducía medidas como volver a restringir el encadenamiento de contratos eventuales y también recogía una nueva figura, el contrato indefinido para emprendedores, que contemplaba deducciones y permitía el despido al de un año. Esta modalidad ya está derogada desde enero de 2019.

Además, estaba la tesis de que si se abarataba el despido para los indefinidos, los empresarios tendrían menos miedo de recurrir a esta modalidad en tiempos todavía inciertos. Una teoría que los sindicatos rechazan ya que, en su opinión, un despido barato favorece «la sustitución de trabajadores caros por otros precarios».

Pues bien, los datos dejan bien claro que la reforma laboral no ha tenido éxito en reducir la temporalidad, aunque dependiendo de la fuente a la que se mire el fracaso es más o menos rotundo. Si se coge la PRA, elaborada por el Eustat, es demoledor. Según esta encuesta, la temporalidad ha pasado del 22,8% en 2012 al 31,6% en 2019. Una estadística más depurada de la Seguridad Social que elabora el CRL es menos negativa, pero también arroja una tasa de eventuales elevada del 30,4%.

Confebask defiende que la temporalidad está localizada en el sector público y que en el privado el número de indefinidos está en récord. Los datos de la EPA avalan su tesis, porque arrojan en el primer caso una tasa del 39% frente al 21% del segundo.

No obstante, se muestra abierta a negociar cambios en este terreno. «Pero la solución no es encarecer el despido de los indefinidos», advierte Azpiazu, de Cebek.

La reforma laboral de 2012 introdujo como novedad que se pudieran hacer horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, algo que antes era incompatible. A este primer paso se sumaron nuevos cambios en 2013 que todavía dotaban de más margen de maniobra a esta modalidad de empleo. Así, se permitían acordar horas complementarias con gran flexibilidad para alargar la jornada cuando fuera necesario. Los sindicatos sostienen que ha sido una fuente de gran precariedad.

«Tras estas modificaciones, el empresario puede ampliar la jornada a su criterio. Por ejemplo, se puede contratar a una cajera de supermercado para seis horas repartidas de cualquier manera y luego hacerle ir ocho el sábado, casi sin preaviso», explica Loli García, secretaria general de CC OO en Euskadi.

Los datos reflejan el crecimiento que ha tenido esta modalidad. Según la EPA, elaborada por el INE, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial ha crecido en Euskadi desde el 16,8% en 2012 hasta el 17,5% en 2019, aunque ha habido años en los que ha alcanzado el 19%.

En este aspecto el País Vasco está peor que el conjunto nacional. Al cierre del 2019 en España la proporción estaba en el 14,7%, casi tres puntos por debajo.

Además, hay otra estadística, elaborada por el CRL con datos de la Seguridad Social, que eleva el porcentaje en Euskadi hasta el 22,9%. En todos los casos es una modalidad que afecta especialmente a las mujeres. El propio FMI considera que el incremento de trabajo a tiempo parcial, normalmente involuntario, ha sido uno de los efectos perversos que ha tenido la reforma de 2012.

Una de las principales críticas de los sindicatos a la reforma laboral es que, en su opinión, ha sido la culpable de la devaluación salarial sufrida por los trabajadores. Efectivamente, las estadísticas muestran una evolución muy moderada de las remuneraciones, que sólo han empezado a recuperarse de verdad en los dos últimos años.

Según la encuesta del INE del tercer trimestre, los salarios en Euskadi apenas han subido un 4,8% desde 2011, un aumento que se sitúa por debajo del 7,7% en que se ha incrementado la inflación, lo que supone pérdida de poder de compra de casi tres puntos.

La recuperación de los salarios sólo toma fuerza a partir de 2017. ¿Por qué han tardado tanto en remontar? «La causa es una reforma laboral que ha dado mucho poder al empresario y debilitado a los sindicatos», explica Pello Igeregi, de ELA. Destaca, en este sentido, la pérdida de ultraactividad de los convenios; el margen que se da al empresario para cambiar las condiciones de trabajo y para inaplicar convenios; la prevalencia concedida al convenio de empresa sobre el sectorial... Maribel Ballesteros, de UGT-Euskadi, añade, además, el abaratamiento y la facilidad para el despido, que permite sustituir a los indefinidos caros por trabajadores precarios.

Que la recuperación de los salarios ha sido lenta resulta indiscutible, pero también llama la atención otro hecho: los sueldos no pararon de aumentar entre 2008 a 2013, pese a la destrucción de empleo. Aunque esta paradoja se debe en parte a que primero se expulsó a los eventuales, más baratos, también denota una enorme rigidez del mercado.

Los cambios que la reforma planteaba para la negociación colectiva suponían una auténtica revolución. Los sindicatos se los tomaron como una declaración de guerra. Pero la situación actual es bastante positiva debido a los progresos logrados en los últimos meses, cuando se ha dado un gran salto. Todo ello pese a la gran confrontación que existe en Euskadi incluso entre los sindicatos.

Así, de acuerdo con el CRL, el número de trabajadores con su convenio renovado supera los 370.000, lo que supone un porcentaje del 61%, la cifra más alta desde 2008. Aparte, los incrementos salariales recogidos en los convenios vigentes alcanzan el 2%.

«Si hemos llegado a estos datos es gracias a que la conflictividad laboral también está en máximos desde 2008», señala Igeregi, de ELA. «Muchos de los acuerdos se han logrado con movilizaciones», coincide García, de CC OO.

Al margen de cómo se haya logrado llegar a este punto, el hecho es que no se ha cumplido la hecatombe que se predecía. Uno de los asuntos que más preocupación generó es la pérdida de la ultraactividad. «Al principio generó mucha litigiosidad. Pero la sentencia del Supremo de finales de 2014, que dictaminaba el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores, tranquilizó la situación», señala Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social.

La prevalencia de los convenios de empresa también ha creado inquietud porque pueden rebajar las condiciones de los sectoriales. Por su lado, las inaplicaciones han sumado 233 y afectado a 6.134 trabajadores, algo «testimonial», según Confebask.

Con el argumento de que un despido más barato facilita la contratación, la reforma laboral introdujo importantes cambios en este terreno. Entre ellos, la rebaja de 45 a 33 días por año trabajado de indemnización en el despido improcedente y una ampliación de las causas para pagar sólo 20 días: bastaba con una caída en los ingresos. Además, se limitaba la necesidad de autorización administrativa para los EREs de extinción.

¿Han aprovechado los empresarios estas facilidades para despedir más? Es complejo responder porque, obviamente, con la recuperación económica se han reducido los despidos, al menos los colectivos

Así, los trabajadores afectados por EREs de extinción han evolucionado a la baja desde el pico de 4.254 que alcanzaron en 2012. Hasta noviembre del año pasado sumaban 700, aunque en la recta final del año se han acumulado varios expedientes.

Otra estadística sobre despidos es la que publican los juzgados de lo Social con todas las demandas que les llegan. Los datos muestran una reducción respecto al pico de 7.164 casos de 2013, si bien la cifra se situó en 5.500 en 2018 y parece que superará esa cota en 2019.

Llama la atención que la cifra de despidos que llegan a conciliación apenas ha bajado de los 10.000 en estos últimos años, aunque un porcentaje cada vez mayor es con avenencia del trabajador. Pero hay que recordar que la reforma laboral obligaba a registrar en conciliación los despidos para lograr que la indemnización quedara exenta del IRPF. Se quería evitar así el fraude de disfrazar jubilaciones anticipadas como despidos.