El Gobierno pacta con Bildu que la Inspección de Trabajo tenga capacidad para frenar los ERE

La enmienda se ha incluido en la nueva Ley de Empleo, que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados e irá a votación la semana que viene. El cambio que introduce es significativo. Tras la reforma de Rajoy, el informe de la Inspección solo tenía que pronunciarse sobre aspectos de procedimiento, como «los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas». En algunas ocasiones entraba en las causas, aunque lo hacía sobre todo a instancias de las partes, cuando el ERE acababa sin acuerdo y se llevaba a los tribunales.

En la nueva redacción del Artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores se exigirá «que también se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial». El informe deberá «ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento».

Aunque no se recupera la exigencia de autorización administrativa previa, el acuerdo dota a la Inspección de un gran control en los ERE. Su pronunciamiento sobre si el despido colectivo está justificado será decisivo de cara a los tribunales. En la práctica, puede ser casi como una capacidad de veto pero que, en vez de recaer en el Departamento de Trabajo, lo hará en los inspectores.

La recuperación de un mayor control administrativo sobre los ERE ya estuvo sobre la mesa en las negociaciones de la denominada 'contrarreforma laboral', pero la reivindicación se aparcó para obtener el apoyo de la patronal. «Gracias al grupo soberanista, esta vez sí se dotará a la Inspección de Trabajo de un papel decisivo en la supervisión y el control de los despidos colectivos para que obedezcan a causas objetivas», señaló en una nota EH Bildu.

La enmienda contará previsiblemente con el apoyo de todo el bloque de investidura. «Es una medida que va a incentivar la negociación de los ERE, que tras la reforma de 2012 han experimentado una gran judicialización», apuntó ayer a EL CORREO la viceconsejera de Trabajo del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo.

La coalición abertzale apuntala así su perfil de 'conseguidor' en Madrid de compromisos sociales. Ya lo dejó patente recientemente, durante la negociación de los Presupuestos, cuando logró 200 nuevas plazas MIR y una subida del 15% en las pensiones no contributivas.