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Hoy se celebra la primera reunión técnica entre los gobiernos central y vasco para empezar a dar forma a la transferencia anunciada la semana pasada ... para que Euskadi gestione los permisos de trabajo a inmigrantes. El objetivo es agilizar estas autorizaciones en una etapa en la que las empresas tienen serias dificultades para cubrir sus vacantes en sectores muy diversos -hostelería, construcción, transporte, industria...- a la vez que se contabilizan cerca de 20.000 extranjeros viviendo en el territorio sin papeles, pendientes de regularizar su situación. Todavía es muy pronto para concretar cómo se va a desarrollar esta nueva competencia, aunque según ha podido saber EL CORREO se estima que el País Vasco gestionará unos 7.000 permisos de trabajo al año, lo que supone un 15% de todos los trámites que realizan las oficinas de Extranjería.
Esta aproximación toma como referencia el modelo de Cataluña, que es la única comunidad autónoma que tiene esta transferencia, asumida en 2009. Otras regiones también tenían recogida la posibilidad en su estatuto de autonomía, pero rechazaron adoptarla por la complejidad que supone, dado que es una materia que exige gran coordinación con el Estado, que tiene competencia exclusiva en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo». Eso quiere decir que, por ejemplo, Euskadi podrá gestionar el permiso de trabajo pero no el de residencia.
«Está tomada la decisión política pero aún queda todo el desarrollo técnico de la competencia. Nuestro objetivo es agilizar la tramitación de los permisos y conectarla con nuestras políticas de inserción laboral», explica el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, cuyo departamento va a asumir la transferencia. Recuerda, como ya ha apuntado en varias ocasiones el lehendakari, Imanol Pradales, que más de 5.000 inmigrantes irregulares están formándose en Lanbide, y en algunos casos cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), por lo que urge facilitarles los papeles para que puedan acceder al mercado laboral.
Los planes del Gobierno vasco, añade Gurpegui, pasan por explorar su margen de juego tanto en la concesión de permisos de trabajo para los inmigrantes que ya están en Euskadi de manera irregular como en la contratación de profesionales en sus países de origen, que es la vía regular.
Pero en ambas vertientes son muchos los aspectos que van a seguir en manos del Estado, aparte de que la regulación es nacional. Por poner un ejemplo, las fórmulas para conseguir los papeles a través del arraigo las establece el Gobierno central, que precisamente acaba de reformar el reglamento de Extranjería para acortar los tiempos de espera. Así, para el arraigo social solo se van a requerir dos años de empadronamiento previo y un contrato de al menos 20 horas semanales, mientras que en el arraigo por formación se podrá acceder a un permiso de trabajo desde el primer momento, con posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales. Estas reglas son estatales pero el Ejecutivo vasco podría encargarse de los trámites una vez cumplidas.
También podría intervenir en las autorizaciones que permiten a los estudiantes extranjeros saltar al mercado laboral. En cuanto a la contratación en origen, aún no está claro cuál va a ser el margen de maniobra. Es un proceso muy complejo, que está plagado de barreras. Una empresa no puede contratar a un profesional fuera sin acreditar que no puede cubrir esa posición en el mercado laboral autóctono. Una de las vías para simplificar el camino es que los profesionales que se buscan estén contemplados en el 'Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura', pero para ampliarlo desde Euskadi es necesario que haya acuerdo en el diálogo social y los sindicatos vascos se resisten. Otra fórmula es presentar una oferta laboral que quede desatendida y ahí Lanbide sí podría acelerar los trámites.
Hoy se sabrán más detalles, pero el objetivo está claro y es facilitar la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral en pleno invierno demográfico.
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