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El año pasado, España batió su récord de bajas laborales relacionadas con «trastornos mentales y de comportamiento» -así lo cataloga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- con un total de 597.686 incapacidades temporales relacionadas con la salud mental. Un dato que no ... ha dejado de crecer tras la irrupción de la covid-19 y que supone más del doble que las cifras registradas hace siete años.
Según ha podido saber EL CORREO tras una petición de información a través del Portal de Transparencia, el número de bajas temporales creció en los últimos doce meses un 13,6% con respecto a 2022, que era el actual récord histórico hasta la fecha. «A pesar de que vemos un aumento de estas bajas, pensamos que están infraestimados», denuncia Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT.
Lejos de las cifras de incapacidad temporal relacionados con traumatismos, las tramitaciones por «trastornos mentales y de comportamiento» son el 8,2% del total de procesos iniciados en 2023 y registrados en las estadísticas del del departamento liderado por la ministra navarra Elma Saiz.
A nivel mensual, el pasado mes de mayo registró el mayor número de bajas con 58.905. Casi 60.000 tramitaciones en un periodo de 30 días, muy por encima del pico experimentado en uno de los momentos más drásticos de la historia reciente: el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
No obstante, las bajas laborales relacionadas con la salud mental no es un problema endémico en el mercado laboral español. A nivel mundial, se pierden 12.000 millones de días de trabajo por la ansiedad y la depresión. Casi 4 de cada diez ciudadanos europeos padece algún trastorno mental y la mitad de los empleados en los países del club comunitario aseguran sufrir estrés en su puesto de trabajo.
En España, según datos del Ministerio de Sanidad, los problemas mentales más comunes son los trastornos por ansiedad y los trastornos depresivos; siendo la prevalencia de la ansiedad de un 6,7% -afecta a más de 4 millones de personas-, y la de la depresión del 5%, con más 2,5 millones de personas diagnosticadas.
En estos momentos, advierten las organizaciones sindicales, que esta problemática no se trata de la forma adecuada y ha de incluirse en el listado de enfermedades profesionales. «Se tratan como enfermedad común y en numerosas ocasiones están relacionadas con el trabajo», destacan.
bajas laborales relacionadas con la salud mental se tramitaron en España en 2023
En los seis primeros meses del año pasado se registraron más bajas que en todo 2016
En 2010, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporó los trastornos mentales a su listado de enfermedades profesionales. Sin embargo, en España aún no se ha llevado a cabo a pesar de que en 2023, un informe del Ministerio de Trabajo presentado unía esta problemática al trabajo.
Para corregir este problema, los sindicatos proponen actualizar la ley de Prevención de Riesgos Laborales «para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo, introduciendo las evaluaciones y las medidas preventivas relacionadas con la salud mental y los riesgos específicos de la digitalización en la empresa». Un tema que se abordará, entre otros, en la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales que tiene lugar este miércoles entre la patronal, los agentes sociales y representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores también se encuentra un refuerzo de la vigilancia de la salud mental en el entorno laboral por parte de las mutuas. «Estos problemas en los reconocimientos médicos los solventan con un simple cuestionario», denuncia García de la Torre. Al igual que el sistema público de salud -con solo seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, un tercio de la media europea-, las mutuas apenas cuentan con recursos para tratar la salud mental: «Solo tienen 70 psicólogos y 16 psiquiatras», denunció UGT el pasado mes de octubre en el informe 'Salud mental y trabajo'.
La protección de la salud mental es aún una tarea pendiente en el mercado laboral español, donde solo el 30% han adoptado protocolos de actuación para prevenir esta problemática.
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