Las contratas públicas reservarán un 10% de plazas a los parados de larga duración

Se trata de un plan de choque a tres años que tiene como objetivo concreto recortar la tasa de paro de este colectivo 2,2 puntos porcentuales hasta situarse a finales de 2021 en el 3,6%, lo que implicará una reducción de unos 150.000 parados de larga duración cada año para sumar entre 450.000 y 500.000 menos en estos tres años de aplicación. De esta forma, se pasará de los casi 1,3 millones de desempleados con más de 12 meses en búsqueda de trabajo que hay en la actualidad a 850.000 en 2021, según el último borrador del plan elaborado por el Ministerio, que todavía tiene que pasar por la comisión de secretario y subsecretarios de Estado y por la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno antes de ser aprobado en uno de los 'viernes sociales'.

Para lograr esta meta, el Ejecutivo recoge un total de 60 medidas para las que prevé destinar 2.500 millones de euros en el próximo trienio, que se repartirán en 737 millones en 2019, 1.038 millones en 2020 y otros 691 millones en 2021, aunque la mitad de este gasto -que todavía ha de ser negociado con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas- corresponde a medidas ya aprobadas, como el subsidio a mayores de 52 años o las bonificaciones por contratos indefinidos.

Además de una serie de incentivos para las empresas que contraten a parados de larga duración y la extensión del contrato relevo al ámbito rural, el Gobierno propone «incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación entre un 5% y un 10% de desempleados PLD de 45 años y más en los proyectos e iniciativas que lleven a cabo». En concreto, para aquellos contratos públicos que supongan la creación de más de 10 puestos de trabajo» al menos uno de ellos (el 10% como mínimo) deberá ocuparlo una persona de este colectivo. En esta misma línea, las empresas que reciban ayudas y/o subvenciones estatales por valor de 150.000 euros o más tendrán en cuenta, cuando necesiten incrementar su plantilla, a candidatos que lleven más de 12 meses inscritos en el INEM.

A su vez, el Ejecutivo propone que aquellas empresas que en la creación de empleo neto incorporen y mantengan de forma estable un porcentaje de trabajadores desempleados de larga duración superior al 10%, se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente en el que se cumpla tal condición. Pero para ello deberá llevar al menos un año continuado de trabajo.

De igual manera, premiarán a estas empresas socialmente comprometidas con la inserción de este colectivo con medidas de incentivación fiscal tales como deducciones, que serán mayores cuando el empleador haya contratado a uno o más profesionales considerados como de menor empleabilidad. Así, entre los factores que se tendrán en cuenta figuran carecer de ingresos y tener más de 61 años, haber desempeñado una ocupación que ha desaparecido en la zona en la que reside, tener hijos a cargo, haber sufrido una enfermedad grave o estar en el límite de obtener un tiempo mínimo de cotización para poder obtener una pensión, entre otros.

En el apartado de incentivos fiscales que recoge el Plan, figura uno que el Gobierno aprobó ya el pasado 8 de marzo: las empresas que contraten indefinidamente a parados de larga duración tendrán una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Cuando sean mujeres, la bonificación será de 125 euros al mes (1.500 euros al año) durante un periodo de tres años, bonificación que se reducirá a 108,33 euros al mes (1.300 euros anuales) cuando se trate de hombres. Si el contrato es a tiempo parcial las bonificaciones serán proporcionales a la jornada laboral pactada. Pero para poder beneficiarse de este incentivo -que tendrá un coste de 26 millones solo este año que se eleva hasta los 732 durante todo el periodo de implantación del plan-, la empresa deberá mantener al trabajador al menos tres años y, a su vez, mantener el nivel de empleo durante al menos dos años desde su celebración.

Otro de los retos que afronta este plan es el de reducir la temporalidad, y para ello el Gobierno se compromete a reforzar la causalidad de este tipo de contratos y de los contratos a tiempo parcial. Así, para evitar su abuso, incrementará el control más efectivo de estos empleos en colaboración con la Inspección de Trabajo y promoverá límites a la duración de este tipo de contratos para el mismo trabajador con la misma empresa.

Otro paquete de medidas están dirigidas a la formación de este colectivo y su objetivo es que al menos un 10% de los 1,28 millones que lo conforman mejore su empleabilidad mediante el aprendizaje de competencias digitales y otro 15% obtenga al menos un certificado profesional de Nivel 1.

Dentro del eje de actuación en orientación profesional, con una dotación de 282 millones de euros, destaca el refuerzo en la atención personalizada (para lo que dedicará 156 millones) que incluye, entre otras medidas, la atención a parados de larga duración por parte de 3.000 orientadores, cuya contratación ya estaba prevista en el Plan de Choque para el Empleo Joven aprobado el pasado diciembre.