La Audiencia rechaza convertir a los interinos en funcionarios sin aprobar la oposición

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima así el recurso interpuesto por la Asociación ANIL por el solicitaba que se declarase nulo el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de 2017 por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF –que trata sobre oferta de empleo público y medidas para reducir la temporalidad– por «no haber sido publicado y ser ineficaz», algo que el Alto Tribunal rechaza al sostener que no requiere publicación ya que no tiene carácter normativo.

Los motivos que argumentaba esta organización que afirma defender a los interinos de los abusos de la Administración es que se discrimina al personal temporal que ha prestado durante mucho tiempo servicios para el Estado, obligándole a superar una fase de oposición para el acceso a la función pública como funcionario de carrera, desconociendo los servicios prestados y los derechos reconocidos por sentencia judicial, así como se discrimina también al personal indefinido no fijo contratado antes del año 2005. Por ello, ANIL solicita que se prevea un «concurso específico de méritos, sin oposición», para los interinos de larga duración y que las plazas del personal indefinido no fijo no sean incluidas en las primeras ofertas públicas de empleo.

La Audiencia Nacional concluye que esta pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos «no tiene ninguna base jurídica», ya que tanto la jurisprudencia del Constitucional como del Tribunal Supremo avalan «la preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas y la prohibición de integración automática». De igual manera, tampoco ve «ningún apoyo legal» a la pretensión de que el personal laboral indefinido, no fijo, al que por sentencia se le haya reconocido esta cualidad, se le garantice un tiempo de permanencia en sus puestos, mediante el mecanismo de no incluirlos en las primeras ofertas públicas de empleo, ya que a «este personal –sostiene– se le reconoce únicamente el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no sea cubierto por alguno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, pero no se le garantiza un tiempo determinado de permanencia».

En lo que no se pronuncia La Audiencia Nacional es en si tienen derecho a recibir una indemnización los empleados indefinidos no fijos que no obtengan plaza en las respectivas convocatorias de provisión de los puestos que ocupan, tal y como solicitaba también el demandante, ya que considera que es una cuestión «completamente ajena al presente pleito».

Esta sentencia, que aún puede ser recurrida, se sitúa en la línea de las conclusiones que presentaron hace menos de dos semanas los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estimaron que los interinos españoles ni tienen derecho a convertirse automáticamente en fijos tras encadenar sucesivos contratos temporales aunque piden una sanción disuasoria ni tienen derecho a una indemnización cuando sean despedidos. Pero aún falta la sentencia definitiva.

Los tres sindicatos codemandados –UGT, CC OO y CSIF– celebraron este fallo y defendieron como mejor solución para acabar con la alta tasa de temporalidad en las Administración, que supera el 28%, cumplir el acuerdo y convocar con celeridad más plazas públicas.