El Gobierno fija una subida a los funcionarios de hasta el 9,5% en tres años sin acuerdo unánime

UGT y CCOO, sin embargo, sí ratificaron este lunes este acuerdo aunque la organización liderada por Unai Sordo la condiciona a que en las próximas semanas se plasme en el texto otra serie de mejoras pactadas como son la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o el pago del 100% de la baja por incapacidad temporal.

La oferta definitiva del Ministerio de Hacienda incluye no solo la subida para los dos próximos ejercicios, sino que por primera vez realiza una revisión de ese 2% inicial que estaba fijado en los Presupuestos para este año y accede a ese 1,5% adicional que exigían los sindicatos por la escalada de los precios. Gracias a este alza, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y se consolidará en sus nóminas, los funcionarios recibirán una paga de más 500 euros brutos de media antes de que finalice el año.

Para 2023, el Ejecutivo aprobará una subida fija del 2,5% para el sector público, que podrá elevarse hasta el 3,5% en función de cómo evolucione la economía y la inflación. Concretamente, si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 supera el 6%, tendrán un variable del 0,5%. A su vez, si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9%, obtendrán otro 0,5% más, aunque esta prima parece bastante difícil de conseguir ante la desaceleración de la economía. Ambas tendrían carácter retroactivo y se consolaría en sus nóminas.

De cara a 2024, los funcionarios verán incrementarse su remuneración un 2% con un extra de medio punto porcentual si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%; es decir, si los precios crecen más que la subida fija que les han aplicado, algo que sí es factible en vista de que solo en 2022 la inflación ha crecido un 9%. También será retroactivo y consolidable.

Desde CSIF advirtieron que, pese a que el Ejecutivo trate de «adornar este acuerdo con un refrito de condiciones laborales que en muchos casos ya tenían que estar desarrolladas», estas nuevas subidas –que ellos cifran en el 6% hasta 2024, puesto que el 2% de este año ya estaba pactado y el otro 1,5% es variable– «ni siquiera sirven para corregir» la inflación de 2022, que puede cerrar entre el 8% y el 9%, según las previsiones.

«Nos hemos encontrado con un Gobierno inmovilista que ha perdido una buena oportunidad de resarcir a todos los trabajadores del ámbito público y de haber marcado a la patronal de la empresa privada», denunció el presidente de la organización, Miguel Borra, quien no descartó repetir la «gran movilización» del pasado 24 de septiembre que congregó a decenas de miles de ciudadanos e incluso advirtió que pueden «pasar a otro tipo de actuaciones», en alusión a posibles huelgas.

El preacuerdo alcanzado con UGT y CCOO -que deberá plasmarse en las próximas semanas en un documento y ratificarse- no solo fija las remuneraciones futuras, sino que incluye importantes mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos, como son el abono íntegro de la baja por incapacidad temporal (IT) sin ningún tipo de condicionamiento, la eliminación de las restricciones que impiden la negociación e implantación de una jornada laboral de 35 horas en las Administraciones Públicas, la recuperación de la jubilación parcial anticipada o el avance en la digitalización y el teletrabajo mediante el diálogo social.

También se ha logrado recuperar el carácter de mínimos de los permisos y vacaciones en la negociación colectiva y se recoge la flexibilización de la promoción interna, la revisión de los procesos selectivos y la regularización de las condiciones del personal laboral en el exterior (PLEX). Asimismo, aunque no ha logrado eliminar totalmente la tasa de reposición para recuperar el empleo público, sí han pactado flexibilizarla para que puedan aumentarse las plantillas.