Los 66.000 profesionales de Educación y Osakidetza pueden seguir sin fichar

La brecha salarial entre ambas esferas es muy profunda –los asalariados del sector público cobran de media en España 2.600 euros frente a los 1.700 euros en el privado– pero quizás los horarios marquen aún más la diferencia. Hay muchos ejemplos de ello, pero dos bastan para ilustrarlo. «Raro es el día que salgo antes de la diez de la noche. Si hay que entregar proyectos, trabajas fines de semana en casa. Te pueden mandar 15 días a México o cuatro meses a Colombia. Cobro 1.400 euros pero lo peor es no tener tiempo libre», se quejaba recientemente un joven ingeniero a este periódico.

La perspectiva es bien distinta al otro lado. «Antes, cuando estaba en el sector privado terminaba muchos días a las ocho o las nueve. Desde que estoy en Hacienda mi horario es de 8.00 a 15.15, con media hora para el café. Tenemos una tarde a la semana pero, en compensación, jornada de seis horas en verano, de junio a septiembre. Para la conciliación es maravilloso, pero también he sufrido mucho para sacar la oposición», relata una funcionaria de la Diputación de Bizkaia. El panorama que ella pinta es uno de los principales motivos de que cada vez más universitarios vascos estén estudiando para las OPEs.

En la Administración general o las diputaciones sí que se ficha con sistemas muy estrictos para evitar incumplimientos de jornada. Pero en otras áreas no ocurre lo mismo y los intentos de establecer controles han saltado por los aires por la resistencia de algunos colectivos profesionales. Osakidetza es el caso más paradigmático. Según coinciden diversas fuentes sindicales, la oposición de los médicos los han frustrado en varias ocasiones.

El último episodio data de 2010. Los responsables de Cruces instalaron una decena de relojes para «garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones de cara a la sociedad», según señaló la directora de Personal de entonces, Susana Cejudo. Pero apenas llegaron a usarse y eso que su instalación costó 40.000 euros. Hay versiones distintas sobre el motivo. «Lo corté yo porque consideré –y todavía considero– que un buen servicio de salud no se consigue controlando horarios sino los resultados finales. Hay que medir las operaciones que se hacen y las recetas que se dispensan y Osakidetza funciona bien», señala Rafael Bengoa, consejero de Sanidad de aquella época. En el sindicato LAB, sin embargo, aseguran que fueron los médicos los que se plantaron, mientras que fuentes de este colectivo dicen que los relojes fueron saboteados.

En el pasado ya había habido experiencias similares. A principios de los años 90 hubo mucho ruido porque el Tribunal de Cuentas censuró a Sanidad por no controlar el horario de los médicos. Ahí sí que hay consenso en que fue ese colectivo el que se rebeló y luego se sumó el resto de la plantilla. «Los facultativos nos negamos a fichar porque es absurdo. Nadie abandona su trabajo sin hacer la labor encomendada», respondió entonces el presidente del Sindicato Médico de Euskadi.

Esa misma organización defiende en la actualidad que «los médicos no fichan, pero sí están controlados de diversas maneras; para empezar, por los superiores». «El control es toda esa lista de pacientes que debes llevar», añaden. De hecho, ahora mismo hay una huelga en Atención Primaria por la sobrecarga de trabajo que soportan, que apenas les permiten dedicar unos minutos a cada enfermo. «En una jornada laboral de ocho a tres tengo que atender a 50 pacientes. Hay ocasiones en las que hasta tenemos que arriesgar con el diagnóstico», señala una facultativa.

En enfermería no creen que el control horario aporte nada. «Nos organizamos por turnos y hasta que no llegue el relevo no te puedes ir. Para el cambio, que denominamos 'solape' hay un tiempo pactado», alegan en el sindicato Satse.

Curiosamente, tanto el Sindicato Médico como Satse firmaron el acuerdo regulador de Osakidetza que en su artículo 37 establece que «existirá un sistema de control horario de obligado cumplimiento... a los efectos de verificar el cumplimiento de la jornada por parte del personal». «Pero no se cumple. En el sector público las medidas de control se ven como una fiscalización negativa», reconoce la representación de ELA en Osakidetza.

En Educación tampoco se ficha. El sindicato Steilas quieren aprovechar la reforma de Sánchez para que en la enseñanza privada se reconozcan las horas que se meten fuera del centro. Apuntan que eso ya ocurre en la pública. «Tenemos 30 horas a la semana de dedicación ordinaria (en Primaria implican permanencia en el centro y en Secundaria, sólo hasta llegar a 23), pero luego hay reconocidas 1.462 horas anuales».

Otro ejemplo de las resistencias que a veces se encuentran para implantar controles horarios en el sector público es lo que ocurrió en la Diputación de Bizkaia en 2010, cuando se quisieron instalar tornos para evitar el fraude que se había detectado con el fichaje por tarjeta –se denominaba 'antxoa' y permitía escaquearse a las tardes–. Finalmente se llegó a un acuerdo, aunque se mantuvo la pugna por el tiempo contemplado para el café; los 15 minutos planteados inicialmente se ampliaron a 30.

En el sector público no hay tanto abuso con la jornada pero sus trabajadores sufren otros problemas. Uno de los principales es la temporalidad, del 36% frente al 22% del sector privado. Hay una legión de eventuales cubriendo los peores turnos y en condiciones muy precarias. Pero ese es otro gran debate.

Con la nueva ley, España se ha convertido en uno de los países del mundo que tiene un control horario de la jornada laboral más estricto, mientras que la mayor parte de sus socios europeos habrán de adaptarse o incluso implantar una norma que el Tribunal de Justicia de la UE considera ahora un derecho fundamental.

No hay control obligatorio, aunque todo puede cambiar con el fallo del Tribunal europeo que lo contempla. La ley sólo establece que deben documentarse las horas extras. Hay convenios que obligan a las empresas a controlar horarios y firmas que han decidido asumirlo. Los empleados pueden trabajar hasta 48 horas semanales. A cada jornada debe seguir un descanso mínimo de 11 seguidas. Una vez a la semana es obligatorio un descanso de 24. Los funcionarios trabajan de 40 a 42.

Varía según el tipo de jornada. El empleador sólo debe llevar un registro de las horas de comienzo y fin para cada empleado si estos no tienen un horario colectivo –un taller que abra y cierre a una hora– o trabajan por turnos. Esta información se entrega cada mes junto a la nómina. Si se han realizado más de 35 horas semanales, el resto se pagan. Los funcionarios trabajan, salvo excepciones, 35 a la semana. Las horas suplementarias se indemnizan o compensan con días libres.

Fichar es común desde 1938. Las empresas deben contabilizar las horas, y pagar las extras a quienes ganan menos de 35.308 dólares al año. A partir de ahí se producen 'excepciones de cuello blanco', premiadas por su disponibilidad con bonos e incentivos. Los convenios que pactan los sindicatos han extendido esa obligación a buen número de empleados que de otra manera no habrían estado cubiertos. No depende de en qué trabajes sino de qué ganas y cuál es tu sindicato.

En Italia sólo los empleados públicos, con excepción de los de Educación, tienen obligación de utilizar un sistema que registre el inicio y el final de su jornada, aunque lo habitual en las grandes y medianas empresas es que a los asalariados también les toque fichar. La última vez que reguló esta práctica fue en 2015 , con Matteo Renzi, que especificó que para poner en marcha un registro horario de los trabajadores, la empresa debía llegar a un acuerdo con los sindicatos.

La directiva sobre tiempos de trabajo ha sido polémica en Reino Unido. Los conservadores rechazan la regulación, y el Gobierno señala que la aplicación de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de la UE dependerá del resultado del 'Brexit'. El Congreso de los Sindicatos estima que se trabajan horas impagadas anuales por encima de 35.000 millones de euros. Irlanda opina que su ley doméstica ya aplica la directiva europea.

La ley no obliga a fichar, pero la mayoría de las empresas tienen dispositivos para hacerlo: se desechan métodos tradicionales en favor de sistemas biométricos, como los que leen las huellas dactilares, el reconocimiento facial o a través del mapa que dibujan las venas en la palma de la mano. Fichar protege tanto a las empresas como a los trabajadores, pero abundan las quejas de que las horas extra no se pagan. En el caso de los funcionarios no existe una ley que lo exija.