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Representantes del grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar (GAP) se reunieron este martes con el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, y el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, para abordar el tema del subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, que ha recibido 52.000 solicitudes, de las que se han resuelto 14.000. Para septiembre, GAP espera que se hayan tramitado unas 32.000 peticiones.
En encuentro ha servido para que el colectivo traslade algunos de los problemas que han detectado en torno a esta prestación, como la tardanza en resolver las solicitudes, la falta de información por parte del SEPE y las causas de la denegación de algunos subsidios, entre otros.
«Hacemos una valoración positiva del encuentro, ya que es una vía para hacer llegar nuestras peticiones. Hasta ahora era como darse contra una pared», destaca Isabel Otxoa, de GAP. Durante la pandemia las oficinas del SEPE han permanecido cerradas y los formularios para solicitar el subsidio extraordiario «no estaban nada claros», lo que ha dificultado aún más la tramitación de esta ayuda.
Otro de los logros es la gran cantidad de compromisos que han tomado los dos representantes institucionales. GAP les ha trasladado que la obligación de registrar los contratos de las trabajadoras a través de la Tesorería General de la Seguridad Social se ha incumplido sistemáticamente desde 2012 y el Secretario de Estado de Trabajo y el director del SEPE han asegurado que se estudiará el asunto para darle una solución.
Ante la falta de información por parte del SEPE sobre la prestación para empleadas del hogar, se han comprometido a crear una vía accesible para que todas las interesadas puedan recibir información sobre sus expedientes. También se trasladarán los criterios que están utilizando para aprobar, denegar o aprobar parcialmente el subsidio. En ese sentido, han aclarado que los ceses por fallecimiento del empleador sí serán causa de acceso al subsidio, mientras que las bajas en la Seguridad Social que aparecen como voluntarias serán motivo de denegación del subsidio.
Otro de los caballos de batalla del colectivo es que muchas de estas trabajadoras ingresarán menos de lo debido con el subsidio. «La Seguridad Social no ha repasado en base a qué cuotas cotizan y no las han actualizado», explica Isabel Otxoa. Esto repercutirá directamente en la prestación, ya que se calcula sobre la base de cotización.
Además de las cuestiones relativas al subsidio, los dos representantes institucionales han trasladado a GAP que tienen voluntad de poner en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo para el control de condiciones laborales en Hogar. Ante esa propuesta, GAP reiteró que «no puede haber regularización de las condiciones de trabajo del sector sin antes regularizar la situación administrativa de todas las trabajadoras».
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