Menos de un tercio de las cerca de 100.000 empleadas del hogar en Euskadi están afiliadas

Euskadi arroja la mayor tasa de cuidadoras o limpiadoras del hogar sobre el total de afiliados, sólo por detrás de Madrid, aunque si este parámetro se mide por cotizantes extranjeros, la comunidad vasca se encarama al primer lugar. El Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi no pasa por alto que el poder adquisitivo de las familias vascas impulsa esta circunstancia, extremo confirmado por el sector. «Se puede cobrar un sueldo aceptable de 1.000 euros, algo poco habitual», señala la presidenta de Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Carolina Elías.

Se trata de un ámbito muy feminizado y con gran número de extranjeras. Según Ikuspegi, la mitad de los foráneos en la comunidad son latinos, muy ligados al servicio doméstico. No obstante, y frente a lo que cabría pensar, predominan las trabajadoras nacionales. De las 29.400 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, adscrito al Régimen General en 2012, sólo 11.200 son extranjeras. Evidentemente la estadística variaría si se contabilizasen las decenas de miles de trabajadoras que no figuran en la Seguridad Social, con el consiguiente riesgo para las inmigrantes de no poder renovar su permiso de trabajo y verse expuestas a la expulsión del país.

Las nacionales salen particularmente mal paradas con el nuevo decreto que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez para regular el sector, al trabajar menos horas frente al mayor número de foráneas internas o con largas jornadas. El texto legal eleva aún más la base mínima de cotización. El Ejecutivo de Zapatero la situó en 90,2 euros para una retribución mensual de hasta 74,8 euros al mes. El Gobierno de Rajoy la elevó a 147,9 euros para ingresos mensuales de hasta 172 euros.

Con el decreto, la base mínima da un salto importante hasta 206 euros y obliga al empleador a abonar una cuota de 52 euros. No es raro que en semejante contexto este último prefiera eludir la Seguridad Social en caso de pocas horas de servicio. Y por ello la letrada de las asociaciones vascas Trabajadoras no Domesticadas y Mujeres con Voz, Liz Quintana, lamenta que el plan contra el fraude del Gabinete socialista no ponga el acento en el empleo en el hogar. El decreto trae con todo una nota positiva: a partir de 1.294 euros podrán cotizar por su salario real hasta la base máxima del Régimen General, hasta ahora limitada para ellas a unos 900 euros. Aunque no son frecuentes los sueldos de 1.300 euros.

Precisamente, el decreto socialista ha espoleado a asociaciones del sector del país a firmar un manifiesto, suscrito por cinco colectivos vascos -Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Torre de Babel, Trabajadoras no domesticadas, Mujeres con voz y Malen Etxea-, en el que arremeten contra la normativa auspiciada por el Ejecutivo socialista. El documento adelanta tres años -a 2021- la inclusión de las trabajadoras en el Régimen General, que el Gobierno de Zapatero fijó en 2019, y que Rajoy pospondría a 2024. Si no hay cambios, en dos años pasarían a cotizar por sus salarios reales.

Entretanto les tocará seguir haciéndolo por tramos, con el agravante de que el decreto del PSOE amplía aún más la distancia entre las bases de cotización, lo que escuece particularmente a las trabajadoras. Las diferencias entre bases pasan de 100 a 135 euros, propiciando la futura merma no sólo en la pensión de jubilación, sino también en la prestación de maternidad o enfermedad. El colectivo alerta a su vez del peligro de que la ampliación favorezca que algunos empleadores falseen el salario para ver reducida su cuota a la Seguridad Social.

Pero hay más cuestiones que debilitan al sector, como es la cobertura de vacíos. Estas trabajadoras no cuentan, a diferencia de los empleados del Régimen General, con el establecimiento de unos mínimos que compensen los periodos no cotizados, evitando una merma en la pensión de jubilación. Y no hay que olvidar que las empleadas del hogar cuentan muchas veces con lagunas en su cotización. Teóricamente conquistarán este derecho en el año 2021, pero la incertidumbre política dispara las dudas. Llegados a este punto seguiría la lucha del sector con la exigencia de una prestación por desempleo.