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Mientras la Cámara de Comercio de Bilbao les pide que «se vayan a otra parte» y el Foro Marítimo Vasco considera «inaceptable» que puedan ser los legítimos nuevos propietarios del antiguo astillero de La Naval de Sestao, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, salió ... ayer en defensa del grupo belga VGP, para quienes pidió respeto. «No es posible que se carguen las tintas y se tiren piedras contra alguien que viene a invertir muchos millones de euros y a desarrollar una actividad económica. Es como tirar piedras a nuestro propio tejado», señaló la consejera en una comparecencia extraordinaria en el Parlamento en la que quiso matizar su postura sobre varios temas candentes.
En torno al futuro de La Naval, Tapia fue clara y contundente. Recordó los esfuerzos del Ejecutivo de Vitoria por encontrar un proyecto que permitiese recuperar la construcción naval -llegaron a ofrecer su participación en el accionariado-; y también la demanda judicial que presentaron los sindicatos, que definitivamente ahuyentó a los inversores. Ahora, tras el despiece del astillero ante la inexistencia de ofertas por la unidad de negocio, al Gobierno vasco no le agrada ese 'linchamiento' que se ha iniciado contra la compañía belga VGP, que presentó la mejor oferta -36 millones de euros- para hacerse con la propiedad de los terrenos. Y en ese contexto, actitudes como la de la Cámara de Comercio de Bilbao, presidida por el también nacionalista José Ángel Corres, no son precisamente una buena tarjeta de visita para atraer inversores extranjeros en el futuro.
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La consejera señaló que se ha entrevistado con los máximos responsables de la multinacional VGP y que estos le han trasladado su idea de facilitar las actividades industriales en la zona -además están obligados por la normativa urbanística-, lo que aleja la idea de que se trate tan solo de un parque de almacenes logísticos. También de una mera especulación inmobiliaria.
La consejera apuesta por que haya conversaciones «entre las empresas privadas que estén interesadas en desarrollar alguna actividad allí»; asimismo, por explorar al máximo las posibilidades de realizar construcciones navales y también otras destinadas a parques eólicos marinos. Pero, recalcó, «desde la base de que ha existido una oferta ganadora, que debe confirmarse con una decisión judicial. No es lógico que ahora se quiera destruir lo que se ha conseguido, después de tanto tiempo sin que existiese una alternativa para ese emplazamiento. No se puede recibir así a quienes vienen a invertir».
En el seno del Gobierno hay un palpable malestar por la sospecha de que algunos grupos empresariales quieren utilizar al Ejecutivo e incluso al PNV para actuar como ariete contra el grupo VGP, en defensa de intereses particulares y no todos ellos muy transparentes. Y en este sentido, Tapia lanzó un mensaje que es toda una advertencia ante determinados movimientos de algunas empresas: «Todas las instituciones, todas, Gobierno, diputaciones y Ayuntamiento de Sestao, vamos a actuar de acuerdo en este tema».
La apuesta de la consejera es «ofrecer el máximo respaldo a quien viene a invertir», al tiempo que facilitar «todo el apoyo» para que puedan iniciarse negociaciones entre la firma belga y las compañías que estén interesadas en desarrollar actividades ligadas al sector naval. «Si es posible recuperar la construcción de barcos o la reparación sería bueno, además de otras actividades ligadas al sector eólico».
Pero también se puede desprender claramente de sus palabras que deben ser «conversaciones entre empresas privadas», con criterios económicos y sin atisbo de tráfico de influencias. Algunos síntomas de esto último han aflorado en los últimos días.
Tapia cargó ayer con dureza contra EH Bildu por los problemas que el Ayuntamiento de Azpeitia está poniendo al grupo CL -propietarios de la factoría de Corrugados de Azpeitia- para reanudar la actividad fabril. La consejera negó que haya problemas «urbanísticos o medioambientales» para poner de nuevo en marcha la acería y aseguró que la Corporación, controlada por la formación abertzale, «lo que tiene es un problema político y no quiere esa industria». EH Bildu ha planteado la posibilidad de convocar un referéndum entre los vecinos de la localidad, como el realizado recientemente en Durango para decidir sobre el futuro urbanístico de unos terrenos. La empresa se cerró en 2013 y 300 trabajadores perdieron su empleo.
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