Solo la mitad de los vascos tienen convenio tras dos años del histórico pacto interprofesional

Paradójicamente ninguna de las partes atribuye la mejora a un pacto que inmediatamente alcanzó el grado de histórico tras casi veinte años sin entente entre el conjunto del espectro sindical y la patronal. Y eso que el avance es mucho mayor que el registrado en 2017. De enero a diciembre la tasa de empleados con su convenio actualizado creció ese ejercicio más de trece puntos, pasando de 149.000 a 225.000. Entretanto, aquellos con el convenio decaído o pendiente de renovar rondaban los 350.000, unos 31.000 más que ahora. Esta tesitura impacta directamente en aspectos tan sensibles como la jornada o el salario.

Cabe destacar que el acuerdo acaeció en pleno retroceso de la población amparada por convenios firmados en Euskadi, que por lo general contienen mejores condiciones que los de aplicación en la comunidad negociados en el país. La cifra había pasado de los 470.000 trabajadores de 2011 hasta los 303.000 a cierre de 2016.

Dos años después las partes ni siquiera coinciden en su valoración del acuerdo, y ELA advierte de su posible «endeblez» tras haber sido impugnado por la patronal estatal de la restauración colectiva (Feadrs). La negociación en la que se inmiscuyó el sindicato nacionalista frenó la demanda con la que Feadrs pretendía judicializar el blindaje de los convenios vascos.

Quien mantiene el optimismo es Tomás Arrieta, presidente del CRL. Si en su día lo presentó como «un compromiso implícito para reactivar la negociación colectiva», hoy se reafirma. «Las razones persisten. Se fortaleció el espacio propio de negociación porque había un compromiso para negociar», defiende. En línea con el texto que firmó en el informe del CRL de 2017, donde no ocultaba los escasos resultados cosechados, reconoce que el número de convenios es «mejorable», pero reivindica el pasado ejercicio como el mejor del último lustro.

El director de Relaciones Laborales de Confebask, Jon Bilbao, agrega sin embargo un importante matiz y aduce, frente a las expectativas entonces generadas, que el objetivo «no era promover la negociación, sino protegerla». Porque si no hay negociación, evidencia, «no hay nada que proteger». Y en los motivos de la dificultad para la mera apertura de conversaciones, resuenan de nuevo los ecos de un conflicto enquistado: «Si el sindicato mayoritario se muestra radical, la negociación se vuelve endiablada».

Precisamente ELA asocia el auge de los convenios a su lógica de confrontación. LAB también atribuye el repunte a la presión de los trabajadores. Las huelgas se han disparado desde las 10.600 personas involucradas en paros en 2015 hasta las casi 40.000 de 2018 -hasta verano-. Y frente a la tendencia a la baja en el país -un 11,1% menos hasta julio-, en Euskadi aumentaron un 10,8% respecto a idéntico periodo de 2017. En los primeros siete meses se contabilizaron 144 huelgas, el 33% de las registradas en España.

Si bien el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, vincula el repunte a la negociación colectiva en Álava, donde las centrales de implantación estatal son mayoritarias, los secretarios de Negociación Colectiva de ELA y LAB, Pello Igeregi y Xabier Ugartemendia, le enmiendan con dureza: «Son negociaciones a la baja». Igeregi sostiene que, frente a los textos acordados en territorio alavés, los rubricados por ELA incluyen la ultraactividad, la imposibilidad de inaplicar el convenio de manera unilateral y la recuperación del poder adquisitivo.

La secretaria general de CC OO, Loli García, niega una actitud condescendiente y aduce que los años sin convenio en algunos sectores por la presión abertzale se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo en los nuevos acuerdos. Jon Bilbao lanza un capote a los sindicatos de ámbito estatal, a los que considera«duros negociadores, pero que quieren acuerdo». Y responde a Igeregi: «Cierto que ELA ha logrado incorporar a los convenios lo que exigía, pero ¿responde a los intereses reales de los trabajadores o a una estrategia frente a otros sindicatos?». Alude a cláusulas como la prohibición del descuelgue unilateral del convenio. «El pasado año no se elevaron casos al Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios», anota.

La fórmula más factible para medir el avance en término cualitativos es el incremento salarial. Así lo sugiere desde su posición neutral el presidente del CRL. Las cifras no arrojan dudas. Los convenios negociados en la comunidad y registrados en 2018 -con datos hasta octubre- muestran un aumento del 2,28% frente al 1,94% de los vigentes firmados antes. Los de ámbito estatal con incidencia en Euskadi arrojaron por el contrario tasas del 1,97% y el 1,56%, respectivamente.

Y con este intrincado panorama arranca un año con retos como la negociación de los tres convenios del metal, oficinas y despachos de Bizkaia o la enseñanza concertada. Un desafío superlativo, con exiguo margen para el optimismo, pero una gran oportunidad al mismo tiempo para dotar al pacto de contenido y evitar que quede en papel mojado.

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, defiende la vigencia del acuerdo interprofesional y aborda un asunto crucial: su operatividad desde el punto de vista jurídico, frente a posibles impugnaciones como la que amenazó con llevar a los tribunales la patronal Feadrs. Arrieta apunta como gran reválida al respecto la firma de convenios que resuelvan posibles cuestiones a aclarar y apuntalen el documento.

ELA denuncia que la tendencia de los convenios a escala estatal revela un acotamiento del margen negociador en el ámbito autonómico. Pello Igeregi se queja de que este planteamiento «se traduciría en que UGT y CC OO impondrían lo negociado donde ostentan menos del 30% de la representación». Como telón de fondo se encuentra la exitosa impugnación en octubre de 2017 del Acuerdo Marco de Hostelería de Euskadi.

Un análisis de LAB le ha llevado a detectar que la mayoría de los convenios estatales suscritos el pasado año limitan expresamente o en parte la posibilidad de negociar materias en el ámbito territorial o instan a solicitar permiso a los firmantes. Por ello, el secretario de Acción Sindical, Xabier Ugartemendia, emplaza a los partidos abertzales a incluir el marco propio de relaciones laborales en la negociación de un nuevo Estatuto.

La estatalización de los convenios tan criticada por las centrales nacionalistas es atribuida por la líder de CC OO al «bloqueo» de la negociación colectiva que estas propician. «No tiene que ver ni con la reforma laboral ni con la falta de eficacia de un acuerdo interprofesional que ELA se resistió a firmar», afirma Loli García, que habla de «bloqueo sectorial» a cargo del sindicato mayoritario por su táctica negociadora.

Raúl Arza defiende la convivencia de la negociación territorial y estatal, donde la central que dirige en Euskadi y Comisiones Obreras son mayoritarias. «En el ámbito estatal se abordan salario mínimo, jornada máxima, y después en Euskadi se mejoran los convenios», sostiene. Arza aduce que no tiene por qué cumplirse en todos los casos la idea generalizada de que los pactos estatales deparan peores condiciones.

«Las empresas necesitamos convenios, pero en el contexto de un paradigma negociador moderno, no el de hace 25 años», sostiene Jon Bilbao. Confebask presentó en 2018 un innovador modelo para remozar la negociación laboral, con una mayor integración de la plantilla en el proyecto empresarial que pretendía agilizar el debate. La fórmula chocó con la feroz oposición de las centrales sindicales, y aún no ha prosperado.