La huelga del sector público se hace notar en educación y transporte, pero no en sanidad

El departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que dirige Olatz Garamendi, ha dado sus datos a última hora de la mañana. Según ha señalado, el seguimiento en la administración general ha sido de solo el 12% mientras que eleva el porcentaje al 41,4% el de educación, donde ayer ya hubo otra huelga con menos impacto porque no estaba LAB. Por contra, reduce al 5,9% el impacto en Osakidetza.

Como es habitual, los sindicatos no comparten en absoluto este recuento. Según han destacado, los trabajadores han secundado el paro de manera «casi total» en los medios de comunicación y transportes públicos. De hecho, han asegurado que en el Metro Bilbao y en Euskotren «se han cumplido en la mayoría de los casos solo los servicios mínimos», que el Departamento de Trabajo estableció en el 30%. No obstante, en el Metro tienen otra versión y aseguran que las frecuencias doblan los servicios mínimos y alcanzan un 60%. En cuanto a Euskotren, señalan que el tranvía de Bilbao ha funcionado al 52% y que solo el 25% de la plantilla ha secundado la convocatoria.

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En la enseñanza los sindicatos afirman que el 75% de los docentes y de las haurreskolak han hecho huelga y critican que si el seguimiento ha sido bajo en sanidad es por los «abusivos» servicios mínimos. También han asegurado que ha habido un fuerte impacto en los ayuntamientos y diputaciones.

La guerra de cifras ha venido acompañada de otra sobre los motivos para la huelga. En la manifestación que ha recorrido las capitales vascas, los sindicatos han repetido sus reivindicaciones. «El masivo seguimiento de la huelga es una respuesta contundente a Urkullu de que hay razones para movilizarse», han proclamado. Una de sus principales exigencias es que «los partidos políticos reclamen en Madrid, en el marco de la investidura de Sánchez, que se negocien en Euskadi los salarios y el empleo en el ámbito público». Todo ello para recuperar el poder adquisitivo perdido, que cuantifican en un 20% desde 2009, además de una reducción de la temporalidad hasta el 8% (ahora está en más del 40%) y el fin de las privatizaciones. Denuncian que las mesas llevan bloqueadas más de una década. «Urkullu tiene que sentarse a negociar», han reclamado.

En el otro lado, el Gobierno vasco considera que esta huelga, que se repetirá el 19 de diciembre y que viene acompañada por una avalancha de convocatorias en diversos servicios públicos, tiene «tintes políticos» al producirse a solo unos meses de las elecciones. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha insistido hoy en que se pretende dar sensación de «caos» en la antesala de las autonómicas de 2024. También ha apuntado «la paradoja» de que «un sector creciente de la población aspire a la función pública y en cuanto lo consigue se encuentra inmediatamente insatisfecho».

El lehendakari ha vuelto a ahondar en la tesis de que los funcionarios tienen unas condiciones mucho mejores que las del resto de trabajadores. «Es deseable toda mejora laboral, pero hay que ser conscientes de la realidad económica y también de las competencias de cada Administración», ha subrayado.