Los sindicatos confían en que Podemos logre que el Gobierno rescate el astillero La Naval

El procedimiento concursal de La Naval acumula ya tres prórrogas y según todas las fuentes consultadas cada día adicional reduce las posibilidades de encontrar un nuevo inversor. Pero CAT, CC OO y ELA -UGT nunca ha participado de esta estrategia- quieren apurar las posibilidades de que la empresa vuelva a manos del capital público. El objetivo, apuntan fuentes conocedoras de las conversaciones que han existió en el último mes, es «intentar que Unidas Podemos, PSOE y PNV», alcancen un acuerdo urgente en torno a esta opción. De ser urgente, matizan, para poder presentar «algo sólido» ante el juzgado que dirige el procedimiento concursal de la empresa. De lo contrario, concluyen las mismas fuentes, «parece difícil pensar que se va a admitir una nueva prórroga, cuando ya se han consumido tres periodos sin que se presenten ofertas para su adquisición».

El Gobierno vasco siempre se ha mostrado dispuesto a «ayudar y participar en el capital si es necesario», pero siempre que exista un empresario privado que asuma el liderazgo, ejerza un control mayoritario en el accionariado y arriesgue su dinero en la operación. El Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, sin embargo, siempre se ha opuesto a un rescate público del astillero -convertirlo de nuevo en empresa pública-, al entender que la Comisión Europea no toleraría esa maniobra.

En el trasfondo de lo que sucede con La Naval también hay mucho de juego de ajedrez. La consejera del Gobierno vasco Arantxa Tapia ha reconocido en varias ocasiones que «hay algunos inversores interesados en adquirir» la empresa. ¿Por qué no han presentado entonces una oferta? La respuesta está ligada a la inseguridad jurídica que rodea a la situación de la plantilla. Los 174 trabajadores que formaban parte de la misma -la medida también afectaba a otros 6 en excedencia- fueron despedidos el pasado mes de marzo. De ellos 150 tenían derecho a ser recolocados en el grupo público Navantia, aunque casi 60 renunciaron a ello a cambio de indemnizaciones que se movieron entre los 120.000 y los 160.000 euros.

El Juzgado Mercantil que gestionaba el proceso concursal tomó la decisión del despido ante la inexistencia de actividad en el astillero y la ausencia de tesorería para continuar. CAT, CC OO y ELA, sin embargo, recurrieron el ERE argumentando que se había producido un defecto de forma -exigían que en la fase de consultas hubiesen participado también los principales accionistas, Ingeteam y Astilleros Murueta-, pero el Tribunal Superior desestimó esta reclamación en octubre. A finales de diciembre los tres sindicatos formalizaron un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, que puede tardar unos dos años en sustanciarse.

Y en ese contexto ningún empresario quiere arriesgarse a presentar una oferta hasta que jurídicamente esté despejada la incógnita. Aunque los sindicatos también lo han propuesto -se lo han hecho llegar al administrador concursal-, ningún inversor se ha mostrado dispuesto a dar la cara e iniciar una negociación con los representante sindicales. En otra palabras, nadie parece dispuesto a aceptar el escenario de negociar las condiciones para reactivar el astillero a cambio de una retirada de ese recurso ante el Supremo.