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Lanbide deberá hacer fijos a 24 interinos que han estado trabajando en el organismo público durante más de una década. Así lo establece una sentencia del Juzgado de los Social número 9 de Bilbao tras una reclamación en la que las demandantes han estado asesoradas ... por UGT-Euskadi, sindicato al que están afiliadas. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), aunque la central destaca que «supone un primer paso con una importancia enorme».
Las trabajadoras que han demandado llevaban entre 13 y 15 años ejerciendo de orientadoras laborales en Lanbide, sin posibilidad de acceder a una plaza fija por la falta de convocatorias. En este tiempo habían logrado sentencias a su favor que las declaraba como 'indefinidas no fijas', una condición que solo les da estabilidad hasta que su puesto sea ocupado por la adjudicación de la plaza en una OPE.
La sentencia aplica el criterio del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ha instado en varias ocasiones a declarar fijos a los interinos en fraude de ley al entender que en España no hay una solución alternativa válida porque no considera como tales ni los procesos de consolidación convocados dentro de la 'ley Iceta' ni la indemnización prevista. No obstante, cabe recordar también que el Supremo ha preguntado al tribunal europeo sobre cómo compatibilizar está solución con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia que rigen el acceso a la función pública.
Aún no ha habido respuesta. Pero UGT-Euskadi defiende que es un fallo de una importancia enorme «de cara a la consecución de la fijeza, no solo de estas 24 personas afiliadas a UGT, sino también de todo el personal del Gobierno vasco que permanece en la interinidad, cuyos datos son inasumibles y superiores a nuestro entorno, tanto estatal como, principalmente, europeo».
Además, han apuntado que ya hay más demandas en curso, con juicios pendientes para final de año y principios del 2025. El personal demandante pertenece mayoritariamente a Lanbide, y en total, junto con las que ya han obtenido sentencia, se trata de unas 75 personas afectadas.
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