La sentencia europea que valida las ayudas fiscales permitirá a Iberdrola recuperar 700 millones

La eléctrica vasca tuvo que hacer frente a dos pagos a la Agencia Tributaria en 2018 y 2021 de un montante total que ascendía a esos 700 millones, que, según señala la compañía en el informe anual sobre sus cuentas, corresponden a una demanda del Gobierno en concepto de devolución de 'ayudas de Estado' que venía reclamando Bruselas. Se trata del mayor pago realizado de todas las afectadas por este pleito.

Desde Iberdrola no han realizado valoraciones del pronunciamiento del Tribunal General de la Unión, pero fuentes conocedoras del proceso han señalado a EL CORREO que la compañía esperará a la finalización del proceso para recuperar los pagos realizados. Y es que, sobre el pronunciamiento, la Comisión podría recurrir en casación al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

En las demandas contra la decisión del Ejecutivo comunitario que consideró ayudas de Estado irregulares los incentivos fiscales del Gobierno de España, también ha participado la Administración General del Estado. El dictamen del TGUE hecho público esta semana respalda la fiscalidad española y corrige a la Comisión, a la que señala que, una vez que estableció la validez de las ayudas, no puede cambiar de criterio porque vulneraría el principio de «seguridad jurídica».

La normativa que lleva en tela de juicio desde hace una década es la puesta en marcha en 2002 por el Gobierno de José María Aznar para ayudar a las empresas españolas a comprar compañías en el extranjero. Se trataba de una modificación en el Impuesto de Sociedades que permitía la amortización del fondo de comercio financiero de las empresas adquiridas en otro país. Este concepto define la diferencia entre el valor contable de la compañía comprada y el precio que se ha pagado por ella. Esa cantidad es la que las empresas pueden deducirse a razón de un 5% anual durante 20 años.

Con esta ayuda, Iberdrola redujo el coste de los 17.200 millones de euros que pagó por Scottish Power en 2006. También sirvió para animar la salida internacional de otras empresas españolas como Telefónica, que compró la británica O2, y que también se vio obligada a pagar a Hacienda 143 millones por las deducciones cuestionadas en 2021.

Ferrovial se acogió a este régimen fiscal para operaciones como la compra de los principales aeropuertos británicos por 14.600 millones. La compañía de Rafael del Pino ha pagado a la Agencia Tributaria 40,7 millones que también podría recuperar. Otra de las operaciones cuestionadas fue también la compra por el Banco Santander de Abbey National.

Curiosamente, fue un español, Joaquín Almunia, cuando era comisario de Competencia de la Comisión Europea, quien cuestionó estas deducciones fiscales.