La AVC señala que el reparto ilegal de contratos entre las consultoras era una práctica «muy arraigada»

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, señaló ayer a este diario que ese reparto que se ha demostrado ilegal, pues las consultoras acordaban de antemano quién iba a quedarse con cada una de las licitaciones, era un comportamiento «muy arraigado». Además de ser una práctica «muy dañina», ya que al producirse en el ámbito de la contratación pública «sus efectos son muy perjudiciales y contrarios al interés público».

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A este respecto, cabe recordar que entre los 200 contratos revisados correspondientes al período desde 2009 hasta 2018 había varios con instituciones vascas como los ayuntamientos de Bilbao, Sestao, Barakaldo o Vitoria, diversos departamentos del Gobierno vasco, el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Bizkaia.

Urresola considera «determinante» el papel jugado en este asunto por el organismo que preside, ya que fue el iniciador de la investigación en 2016, con Pilar Canedo entonces al frente y que al año siguiente entró a formar parte del consejo de la CNMC.

«La AVC recibió una denuncia muy fundamentada y con mucha documentación que fue determinante para poder iniciar las investigaciones de este tipo de pactos, que tienen un carácter secreto y por tanto son muy difíciles de detectar», recuerda la presidenta de la AVC. A partir de ahí el organismo vasco de Competencia realizó inspecciones en los domicilios de tres empresas (Gestiona XXI, S&F97 y Deloitte) «recabando mucha información consistente. Sobre todo, en correos electrónicos, una información que ha sido determinante para la resolución del expediente sancionador por parte de la CNMC, que finalmente fue el órgano competente para resolver el asunto al ir sus efectos más allá de Euskadi», señala Urresola.

Una resolución que contempla multas como la de 3,9 millones de euros impuesta a Deloitte, 670.000 a PwC o 640.000 a Idom. Y otras de menor cuantía como la de B+I Strategy, con 153.529 euros, y 97 S&F, con 131.593. Sanciones que la presidenta de la AVC considera «motivadas» y «proporcionadas», y que, dado «cierto desconocimiento de lo que regula la Ley de Defensa de la Competencia», espera tengan el «efecto» de «difundir lo perjudicial que son este tipo de conductas».

Las cuantías impuestas se deben a lo facturado ilegalmente por cada una, pero también a su grado de implicación en la trama. Precisamente, la CNMC destaca la alta participación de B+I Strategy (liderada por Sabin Azua), 97 S&F (dirigida por Leandro Ardanza) y Deloitte (con Ana Andueza como apoderada), de las que afirma son «instigadoras» de las demás.

Sobre las afinidades políticas de los responsables de las dos primeras, el presidente del grupo PP+Cs en el Parlamento vasco, Carlos Iturgaiz escribió ayer en su cuenta de Twitter que «a la corrupción generalizada del PNV» -con referencia a los casos de los comedores sociales, las OPE de Osakidetza y el 'caso De Miguel'- «se añade un escándalo más con su red clientelar de consultoras afines. Suma y sigue. El PNV hace caja. ¡Cómo no va a ser Euskadi un oasis! Para el PNV, claro». Y concluía su 'tuit' con el anuncio de que pedirán «responsabilidades» sobre este asunto.