Un sello para frenar la corrupción empresarial

«A menudo se plantean dilemas morales. Porque si tú no das un sobre por debajo de la mesa, lo hará tu competencia y te quitará el proyecto. Competimos en un mundo global en el que no todos se rigen por nuestras normas», comenta un empresario español afincado en China, donde asegura que «la situación ha mejorado mucho en los últimos años». No sucede lo mismo en otros mercados del sudeste asiático en los que opera, donde gobernantes y jueces aún tienen manos muy largas y bolsillos profundos. «No pagar puede ser una desventaja que cuesta muchos millones», señala.

«El soborno es un problema enorme, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo», sentencia Aner Garmendia, consejero delegado del fabricante de herramientas alavés Egamaster. «Hemos tenido casos, por ejemplo en Arabia Saudí o en Ecuador, donde nos han pedido mordidas. No suele ser de forma directa: a veces te solicitan que les invites a visitar tu fábrica, con todos los gastos pagados, para homologarla y así tener unas vacaciones y la ocasión de plantear otras condiciones de forma discreta», cuenta.

«En ocasiones, el extranjero delega en sus colegas locales las labores de 'untar' a las autoridades o a los responsables de compras de los clientes. Ojos que no ven, corazón que no siente», comenta con sorna el empresario en China, que pide mantenerse en el anonimato. «En muchas empresas prevalece esa idea de que, si no se saltan ellos las leyes, lo hará otro. Y cuanto más grande es una multinacional, más difícil es trazar todas las operaciones y tener control sobre ellas», añade Garmendia, cuya empresa exporta sus productos a 150 países.

Para tratar de poner freno a estas prácticas, hace un lustro la Organización Internacional de Normalización diseñó la norma ISO 37001, conocida como 'antisoborno', que este año se ha actualizado con la ISO 37301. Como explica Aenor, se trata del «estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno». El objetivo es impulsar «una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento y de lucha contra el soborno y la corrupción».

«Estos certificados no son obligatorios, pero, además de reflejar un compromiso con prácticas éticas al que se puede sacar rendimiento de márquetin, puede servir de atenuante en procesos judiciales», explica José Benítez, abogado penalista que participa en los procesos de certificación tanto de la ISO 37001 como de su equivalente española, la UNE 19601. «En nuestro país, las cosas no entran por las buenas y hay que meterlas por las malas. Por eso, desde la reforma del Código Penal de 2010, que en el artículo 31 Bis permite condenar a las empresas por una treintena de delitos -entre los que se encuentran los de corrupción-, las compañías comienzan a implementar este tipo de mecanismos para evitar desmanes. Tener un certificado no te exime del delito, pero sirve de escudo», añade.

«Quien quiera ser corrupto, lo será. La ISO 37001 no es la panacea, pero sí un ejercicio de transparencia», comenta Garmendia. Su empresa logró el sello el pasado mes de mayo tras un proceso de análisis que concluye con el establecimiento de diferentes mecanismos de prevención y de control. «Se hace un análisis de riesgos y se implantan sistemas de gestión para evitarlos», explica Cristina Bachiller, directora técnica de la compañía de certificación Applus.

La auditoría incluye un exhaustivo análisis de la organización de la empresa, tanto de sus procesos internos como externos. «Se evalúa si los controles que tienen son suficientes, la fiabilidad de sus proveedores -lo cual puede llevar incluso al fin de la relación con los que tengan una dudosa reputación-, los riesgos de sus contratos -si son elevados se debe renunciar a los proyectos- y se establece un departamento de cumplimiento independiente», enumera Bachiller.

Garmendia considera que el último punto es clave. «Todo lo relacionado con la corrupción genera cada vez más rechazo entre los trabajadores. La gente quiere pertenecer a empresas de las que se sienta orgulloso. Por eso es importante que exista un comité al que puedan elevar sus denuncias sin temer represalias», elabora. Por otro lado, Garmendia afirma que la implantación de este tipo de normas, a largo plazo, será beneficiosa para todos. «Supone avanzar hacia un mundo más equitativo en el que todos juguemos con las mismas normas», apostilla.

Benítez, sin embargo, reconoce que el compromiso no siempre es real. «En España nos gustan mucho los sellos y somos uno de los países con más empresas certificadas», ríe. El certificado se revisa de forma anual y se renueva cada dos años, pero aún no se ha retirado ninguno. «Sí que hemos denegado su concesión en alguna ocasión por la falta de madurez de los mecanismos de control», afirma el abogado. «Aunque haya empresas que quieran la certificación por un asunto de imagen, es una garantía de que cumplen con la legalidad», defiende Bachiller.

¿Pero realmente logran estas normas un cambio generalizado? La directiva de Applus reconoce que el problema está en que los procesos son caros y muchas pymes no se los pueden permitir. «La certificación antisoborno es más cara que las de calidad porque requiere dos auditores», concuerda Benítez. «Las empresas del Ibex se pueden permitir sistemas mucho más robustos, pero lo realmente importante no es tanto el sello, porque hay mucho maquillaje en todo esto, como que las empresas adopten medidas adecuadas para evitar cometer delitos», comenta el letrado.

Garmendia hace una analogía con el dopaje. «Los sistemas y controles antidoping no son capaces de eliminar el dopaje, pero ¿qué sería de la competición si no existiera ningún control?», se pregunta. Responde con un ejemplo del Tour de Francia: «Los diez mejores tiempos de subida a Alpe d'Huez se dieron entre 1994 y 2004. Nueve los hicieron ciclistas que en algún momento posterior de sus carreras dieron positivo. Desde 2004, nadie se ha acercado a aquellos tiempos». Pero la competición ha sido más justa y limpia. «¿Se ha eliminado el doping? No. ¿Está más controlado que hace 25 años? Parece que sí».