Seis de cada diez trabajadores en Euskadi tienen convenio en vigor, el mayor dato en diez años

Supone un gran salto de 286.777 personas más, casi el doble, si se compara con la situación de hace dos años. En mayo de 2022 el porcentaje de trabajadores con convenio actualizado era solo de un 31,2% en unos momentos, además, en los que la crisis de precios castigaba a la economía con un IPC que en aquel verano alcanzó el 10%.

En los cinco primeros meses del 2024 se han rubricado acuerdos que afectan a 41.494 personas que han permitido alcanzar ese 58,4% de los trabajadores de Euskadi, el mayor dato registrado en la última década. Mientras tanto, los empleados que no cuentan con este marco actualizado son el 4,6%, el índice más bajo de la serie histórica.

Málaga Pérez ha destacado «el esfuerzo de los agentes sociales y los logros de la negociación colectiva en estos años» en los que «se ha producido esta importante recuperación de nuestros ámbitos de negociación». En el informe se destaca el peso creciente de la negociación sectorial sobre las que se desarrollan en el ámbito intraempresarial. Así, el 75% de los trabajadores tienen este marco gracias a una firma sectorial, mientras que el 25% lo ha acordado dentro de su propia empresa.

En cuanto a los precios, además, se constata la tendencia de la recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores. Y es que la media de subida salarial en 2023 fue de un 4,2%, mientras que la tasa media de inflación fue de un 3,5%. Y en lo que llevamos de año, según detalla el 'Informe de situación económica y relaciones laborales' del CRL, el aumento registrado en las nóminas vascas ha sido del 3,38%. Eso sí, es un alivio que llega tras una subida de precios acumulada en la última década superior al 20%.

La presidenta del CRL ha reconocido la necesidad de abordar el absentismo laboral, que Euskadi lidera en toda España, pero ha señalado que la cuestión está ya siendo analizada por los agentes sociales y que «hay que esperar a ver sus conclusiones», en referencia a los trabajos que de se desarrollan en la Mesa de Diálogo Social del Gobierno vasco.

En cuanto a la reducción de jornada que patrocina la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que trata de acordar con patronal y sindicatos, Málaga Pérez ha recordado que solo afecta al 43,5% de las personas que en Euskadi tienen contrato en vigor. Son un total de 250.000 trabajadores con convenios negociados en Euskadi o en ámbito nacional. Y es que la jornada media vasca está en 37 horas semanales, por debajo de las 37,5 que quiere alumbrar el Gobierno central.

Por sectores, la industria y la construcción tienen 37,5 horas de jornada a la semana, mientras que el sector servicios y el sector público queda por debajo de las 37 horas.

La firma de acuerdos en 2023 fue acompañada de un descenso de la conflictividad laboral en Euskadi, donde en 2022 se concentraron la mitad de las huelgas del conjunto de España. Así, el año pasado descendieron las jornadas no trabajadas en un 55% y aún así fueron 169.836. En cuanto a las personas que secundaron algún paro, fueron 58.037 trabajadores, un 48% menos.

Pero la conflictividad en el sector público en este 2024 ha elevado los participantes en paros en el primer trimestre hasta los 19.998, un 250%. Aunque las huelgas se han mantenido parecidas en número, un centenar.

El 72% de los trabajadores vascos, 438.544, tienen un convenio negociado en el ámbito vasco, por un 28% (177.133) con un acuerdo marco acordado en la negociación nacional. Se trata de una realidad creciente mientras se tramita el decreto en el Congreso de los Diputados que fija la prevalencia del ámbito autonómico de negociación. Una demanda que el PNV ha planteado, entre otras cosas, para respaldar la investidura de Pedro Sánchez y enarboló para rechazar la reforma laboral.

La presidenta del CRL, Emilia Málaga, ha señalado su respaldo a este blindaje legal por un «triple impacto» que refuerza el acuerdo interprofesional vasco que suscribieron Confebask y los sindicatos en 2017. Un consenso que daba prioridad a los acuerdos laborales vascos sobre los de ámbito nacional. Para Málaga, el decreto «blinda legalmente» ese principio y «clarifica el principio que nunca ha sido impugnado».