Una segunda oportunidad con «lastre» para los autónomos

Otra reforma estructural de calado es la introducción de los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal que se pretende no tenga el estigma asociado al concurso, y que incluye cambios de gran calado. A estos planes se podrán acoger las empresas en situación de «probabilidad de insolvencia» y se podrá arrastrar a ellos a los acreedores disidentes e incluso a socios del deudor. La norma permite que en caso de insolvencia actual o inminente, el plan de reestructuración se homologue en contra de la voluntad de los socios para evitar «ciertas conductas abusivas en perjuicio de los acreedores.

A su vez, la reforma posibilitará que se inscriban en el registro los actos del plan de reestructuración aunque hayan sido impugnados. Y los efectos del plan se podrán extender a las garantías reales o personales prestadas por cualquier sociedad del grupo. En lo que se refiere a las pymes, los planes de reestructuración no se podrán imponer sin la aprobación del deudor ni a los socios.

Se crea la figura del «experto en reestructuración», una especie de mediador entre las partes y al que no se exigen condiciones especiales. «Debería ser un profesional económico financiero puesto que tiene que realizar una valoración de la empresas y un análisis de viabilidad», señala Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses.