Renfe ofrece a Sidenor empezar a pagar la multa de Talgo durante siete años a partir de 2031

Según han desvelado a EL CORREO fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones, esta semana el operador público ha hecho un planteamiento de pago al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, que lidera el consorcio con el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital para comprar Talgo. Se trata de un plan en el que la sanción no se empezaría a abonar hasta 2031. Después de esa carencia, el pago se plantearía en un fraccionamiento de siete años. Una de las claves de la propuesta reside en los intereses que se cargarán en el cobro. Es una de las cuestiones que está encima de la mesa y cuyo peso es determinante. Las mismas fuentes señalan, además, que en este planteamiento Talgo tendría que renunciar a presentar cualquier reclamación ante Renfe.

El fabricante de trenes se ha venido reservando el derecho de acudir a los tribunales. La compañía ha alegado durante todo el proceso administrativo de la sanción que los retrasos -superiores a los dos años- han estado marcados por problemas ajenos a su actividad. Se trata de cuestiones como la cesión de menos horas de lo recogido en el contrato para probar en vía los nuevos trenes conducidos por maquinistas de Renfe o el impacto de la crisis de suministros o la pandemia. Además, el fabricante había reclamado también en 2022, en plena escalada de precios, una actualización de tarifas que se acercara al IPC en los contratos de fabricación y de mantenimiento.

La multa fue ejecutada el pasado mes de diciembre y obligó a Talgo a provisionarla, lo que le hizo cerrar 2024 con unas pérdidas de 107 millones. Desde el Gobierno de España han venido señalando que no se puede anular la multa y han trabajado con la Abogacía del Estado para buscar soluciones con propuestas de carencia y fraccionamiento en los pagos.

Al escenario de la multa se ha añadido la refinanciación de la deuda de 405 millones que lastran el pasivo de la compañía. Según los vencimientos con el 'pool' de 23 bancos, en los próximos tres años hay que abonar 318 millones.

Además, pesan las líneas de crédito ligadas a los pedidos. Con cada contrato se genera una financiación para cubrir las compras necesarias y un aval con el que responder ante el cliente. Los retrasos en las entregas agravan ese apalancamiento y sus costes financieros. Para eso el Ministerio de Economía ha impulsado varias líneas con las que para cubrir las necesidades de caja de la empresa a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) y desde la Agencia Española de Crédito a la Exportación (CESCE).

Se trata, por lo tanto, de unas cuestiones relacionadas entre sí y en las que pesa también la situación de la empresa, sus pedidos pendientes y posibles nuevos retrasos. De ahí que el cierre definitivo para la adquisición del 29,7% de las acciones de Talgo por parte del consorcio vasco no termine de cerrarse. El dueño de esa participación, el fondo inversor Trilantic, firmó un principio de acuerdo el 14 de febrero con Sidenor, Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital que tiene de plazo hasta el 15 de mayo para formalizarse. Un plazo para culminar una operación en la que el Gobierno vasco ha hecho una gran apuesta política.