Renfe y Jainaga se atascan en la solución para la multa de 116 millones a Talgo

Pero la multa de 116 millones, que ejecutó Renfe a Talgo el pasado diciembre por el retraso en la entrega de 30 trenes de alta velocidad -el modelo Avril-, sigue atascando el acuerdo final. La sanción, que muchos analistas interpretaron como una barrera de protección para disuadir a las opciones polaca o india que se habían interesado en Talgo, está pesando más de lo previsto en el consorcio que lidera Jainaga y en el que participan Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital.

En lo referido a los plazos hay acuerdo, pero no en el importe, sobre todo, no en las vías que se podrían emplear para revisarlo, ya que el operador público reclama la renuncia a cualquier reclamación que el industrial vasco no quiere asumir, entre otras cosas, por cuestiones legales.

La propuesta aceptada por Jainaga consiste en empezar a pagar en 2031 y, después, liquidar la multa en siete años con unos intereses de euríbor más 0,5%. Son las condiciones que desde Renfe defienden como las mejores posibles dentro de la imposibilidad legal para retirar la multa y en el compromiso que mantiene para permitir la viabilidad de un proyecto industrial para Talgo.

Aunque desde el entorno del operador público explican a EL CORREO que «no quieren hacer cuestión de este tema» porque se trata de sacar la operación, el caso es que las fichas no se mueven desde hace días. El consorcio vasco liderado por Jainaga no quiere renunciar a plantear recursos sobre el importe de la multa por dos cuestiones. Una, la legal, es que sin haber tomado control del consejo de administración de Talgo no están capacitados para firmar ese compromiso. Y, por otro lado, el análisis que hace el equipo liderado por el industrial vasco sí ve posibilidades de mermar los 116 millones de la sanción.

El importe está condicionando todo el esquema de refinanciación de la deuda diseñado por el presidente de Sidenor. Y es que sobre Talgo pesa un pasivo de 405 millones y, según los vencimientos con el «pool» de 23 bancos, en los próximos tres años debe abonar 318 millones. Además, la fuerte cartera de pedidos -con más de 4.000 millones- exige una cantidad importante de líneas de crédito. Los argumentos que hacen que Jaianaga no dé la batalla por perdida son, entre otros, que, en los contratos de compra de los trenes, Renfe se comprometía a ceder una serie de horas y de conductores de locomotora para realizar las pruebas de los convoyes. Un tiempo del que el fabricante no pudo disponer. Además, Talgo considera que también hay recorrido para reclamar actualización de precios por el impacto de la crisis inflacionaria de 2022 y los problemas por el atasco en la cadena de suministros que sufrió la industria tras la pandemia.

Son precisamente estas cuestiones las que están reclamando con éxito otros fabricantes en sus contratos de cercanías. Se trata de Alstom, Stadler y CAF que, como informa 'Cinco Días', están a la espera de una repuesta de Renfe en la revisión de precios que el operador ya se avino a contemplar.

En el principio de acuerdo, el consorcio vasco fijó el pago de hasta 183 millones para hacerse con el control de Talgo en una operación en la que los Gobiernos central y vasco han apoyado a Jainaga.